La controversia estalló en el seno del Comando Sur de Estados Unidos después de que su principal asesor jurídico, Paul Meagher, expresara dudas sobre la legalidad de los ataques llevados a cabo por esa unidad militar contra pequeñas embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico desde septiembre.
Según un reporte citado por NBC News, el jurista habría advertido que estas operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y exponer a soldados estadounidenses a responsabilidades legales.
Meagher, quien funge como juez abogado general principal del cuerpo de Abogados del Estado Mayor General (JAG), habría planteado estas preocupaciones en agosto, antes de que comenzaran los bombardeos.
La voz del abogado habría sido desestimada
No obstante, sus argumentos fueron desestimados por altos mandos militares, de acuerdo con seis fuentes consultadas, incluidos funcionarios del Pentágono y exasesores del Congreso. Otros abogados civiles y militares también habrían manifestado inquietudes similares.
De acuerdo con las revelaciones, el abogado objetó especialmente que se justificaran estos ataques bajo la tesis de que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga. La Administración Trump ha defendido que al designar a varias organizaciones narcotraficantes como supuestos grupos terroristas extranjeros, las operaciones militares encajarían en el marco del derecho de los conflictos armados.
Sin embargo, el Congreso estadounidense no ha declarado la guerra ni ha autorizado el uso de la fuerza contra los narcotraficantes, y la ley solo permite acciones bélicas sin aval legislativo ante una emergencia nacional provocada por un ataque directo a la nación. En ese contexto, un miembro anónimo del Cuerpo de Abogados Militares sentenció: “No existe ningún mundo donde esto sea legal”.
El Pentágono ha negado categóricamente que alguno de sus juristas haya expresado objeciones de este tipo. Su portavoz Sean Parnell aseguró: “Todos los abogados saben que actuamos dentro del marco legal”. Desde su perspectiva, las operaciones cumplen con el derecho internacional y la legislación estadounidense.
La polémica surge, además, en un momento complejo para la cúpula militar. El jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, anunció su renuncia efectiva para el próximo mes, abandonando el cargo en menos de un año.
Desde agosto, Estados Unidos mantiene una amplia fuerza militar desplegada frente a las costas de Venezuela, compuesta por buques de guerra, submarinos, aviones de combate y tropas. Como parte de esta operación, se han realizado múltiples bombardeos contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, acciones que han dejado al menos 80 personas muertas.
El gobierno de Venezuela sostiene que estas operaciones no tienen relación con el narcotráfico, sino que forman parte de un intento de “cambio de régimen” y la apropiación de sus recursos naturales. El presidente Nicolás Maduro afirmó que la agresión busca justificar una guerra contra su país, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó a EE.UU y la UE de intentar controlar los vastos recursos energéticos de la nación.
La postura venezolana ha encontrado eco en voces internacionales. El canciller ruso Sérguéi Lavrov calificó las interceptaciones de embarcaciones sin “juicio ni proceso” como acciones propias de “países fuera de la ley”, advirtiendo que la política estadounidense “no mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional”.
