Un trabajo especial realizado por la agencia de noticias Efe, reveló como la drástica reducción de los permisos de trabajo impuesta por el Gobierno de Trinidad y Tobago, encabezado por Kamla Perdad-Bissessar, podrían golpear enormementa al sector empresarial de la isla.
Recordemos que la primera ministra trinitobaguense impuso estas restricciones producto de su actitud hostil hacia el gobierno de Venezuela y su apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe que han acabado con al vida de al menos 83 personas, incluidos ciudadanos de su país.
Efe conversó con algunos empresarios y agricultores de la isla en lo que muchos mencionaro que no se imaginan su negocio sin los migrantes venezolanos.
Uno de ellos es Marlon Mahabir quien aseguró que «estos migrantes son honestos y trabajadores. Tengo doce venezolanos en mis campos que han contribuido al crecimiento de mi finca. Deportarlos les perjudicaría no solo a ellos, sino también a nuestra economía».
Por su parte, el empresario Ashmir Mohammed, quien administra varios restaurantes, hoteles y bares atendidos exclusivamente por venezolanos, dijo que confía plenamente en ellos. «Abren y cierran mis establecimientos, se encargan de la contabilidad e incluso manejan el efectivo», cuenta Mohammed.
Una de sus empleadas es Andreina Pérez, contadora venezolana que en Trinidad administra un bar propiedad de Mohammed. «Se han convertido en parte de mi familia. Si los deportan, tendré que cerrar algunos de mis negocios porque sé que no será fácil encontrar a alguien local que ocupe esos puestos», lamenta.
Aporte de los migrantes
De acuerdo a Jerome Teelucksingh, profesor de historia de la Universidad de las Indias Occidentales, los migrantes han hecho una contribución notable a la economía de Trinidad y Tobago, cubriendo la escasez de mano de obra en restaurantes, salones de belleza y tiendas, trabajando como camareros, guardias de seguridad, cajeros y dependientes.
No obstante, Teelucksingh señala que el reclutamiento de migrantes para la prostitución y el baile erótico en clubes nocturnos y burdeles ha derivado en explotación en algunos casos, mientras que una pequeña minoría se ha visto involucrada en actividades delictivas.
Bajo el programa de regularización de migrantes de Trinidad y Tobago de 2019, se otorgaron permisos temporales a 16.523 adultos y 2.400 niños venezolanos para vivir y trabajar legalmente en el país. Inicialmente válidos por un año, los permisos se prorrogaban anualmente, hasta ahora.
El abogado de derechos humanos Subhas Panday declara que el Gobierno tiene una obligación moral y legal con los migrantes a quienes acogió en el pasado. «El Estado los alentó a registrarse en 2019. Ahora no puede darles la espalda. Los migrantes contribuyen a la fuerza laboral, pagan alquiler y ayudan a sostener pequeños negocios», afirma Panday.
En opinión del abogado, encarcelar a los migrantes venezolanos por tener permisos de trabajo vencidos constituye una violación de los derechos humanos.
