Varios senadores demócratas presentaron este viernes una legislación que impediría a Trump continuar con sus maniobras y ataques en el Caribe sin autorización del Congreso.
“Hemos visto que esta administración ha ignorado las advertencias del JAG (Cuerpo de Abogados Militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos) de que los ataques letales en el Caribe no solo son ilegales, sino que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” afirmó la senadora Chrissy Houlahan de Pensilvania.
Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene desplegados en el Caribe al Grupo Anfibio Listo, el Grupo de Tarea Conjunta del Comando sur desde octubre y en noviembre, desplegó al portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque a la región. Todo esto bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
Bajo la misma premisa, desde el 2 de septiembre Washington ha realizado más de 20 ataques cinéticos contra embarcaciones pequeñas, dejando más de 80 asesinados.
Houlahan también apunta a que estas actividades propiciaron la renuncia del Comandante del Comando Sur, almirante Alvin Holsey. El almirante presentó su dimisión luego de viajar a Granada y Antigua y Barbuda en octubre para presionar el plan de instalar radares y equipamiento militar. La renuncia se hará efectiva el 12 de diciembre de 2025.
Trump ataca sin pruebas
El representante de California, Jimmy Panetta, también apoya la legislación, argumentando que “en lo que respecta a las acciones militares de esta administración en el Caribe, no ha aportado pruebas, no ha respetado la ley y no ha justificado el uso de la fuerza. Por eso apoyo esta legislación para impedir el uso de fondos para acciones militares en Venezuela y garantizar que esta administración utilice adecuadamente las pruebas y la ley”.
Estos ataques han sido ampliamente condenados en tanto violan la legislación internacional sobre detención en alta mar y rompen con el derecho al debido proceso.
“Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir el asesinato extrajudicial de las personas que se encuentran a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los delitos que se les imputen” afirmó a finales de octubre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
“No hay pruebas de que el fentanilo provenga de Venezuela. No hay ninguna prueba de que estas embarcaciones con drogas se dirijan a los Estados Unidos, embarcaciones con motores fuera borda que necesitarían hacer 20 paradas para repostar combustible con el fin de llegar a los Estados Unidos. No hay ninguna prueba de que exista una estrategia a largo plazo para perseguir las causas y las fuentes fundamentales de los narcóticos ilegales que circulan por las calles de Estados Unidos” afirmó el representante.
Los representantes además apelaron a la Resolución sobre los poderes, una ley federal destinada a controlar el poder del presidente de los Estados Unidos para comprometer al país en un conflicto armado sin el consentimiento del Congreso.
La resolución fue adoptada en forma de resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos y establece que el presidente puede enviar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a actuar en el extranjero por decisión del Congreso, «autorización legal» o en caso de «una emergencia nacional creada por un ataque contra los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas armadas».
Trump claramente viola esta legislación, mientras supuestamente realiza estos ataques en “aguas internacionales” sin proveer coordenadas ni evidencia. En octubre, se reportó el asesinato de dos pescadores trinitobaguenses, un hecho que evidenció la arbitrariedad de estos ataques y su desconocimiento de la ley internacional.
