Suiza celebrará el próximo 30 de noviembre un referéndum decisivo para determinar si introduce un impuesto federal del 50 % sobre herencias y donaciones superiores a 50 millones de francos suizos (CHF), una iniciativa promovida por la juventud del partido socialista para financiar políticas climáticas.
La propuesta, conocida como “For a social climate policy” (Política climática socialmente justa), ha reunido el apoyo suficiente con más de 100 000 firmas para llevarse a votación nacional. Si prospera, los ingresos estimados podrían alcanzar los 4 000 millones de francos, según cálculos de las autoridades fiscales suizas.
El porcentaje del impuesto solo se aplicaría a la parte heredada o donada que exceda los CHF 50 millones; la porción inferior quedaría exenta. En el diseño del proyecto, dos tercios de los fondos recaudados irían al gobierno federal y un tercio a los cantones, con el compromiso de destinarlos exclusivamente a medidas para mitigar el cambio climático.
El gobierno de Suiza recomienda no aprobar
Sin embargo, hay fuertes advertencias desde el gobierno suizo. El Consejo Federal ha recomendado votar en contra, argumentando que el impuesto podría provocar una “fuga de millonarios” y erosionar la base tributaria para los cantones y municipios.
De hecho, el análisis oficial estima que entre 77 % y 93 % de los ricos podrían marcharse, reduciendo drásticamente los ingresos proyectados.
Además, sectores empresariales —sobre todo propietarios de pymes familiares— han expresado preocupación. Argumentan que el impuesto podría “expropiar” empresas construidas por generaciones, socavando su continuidad y afectando empleos en la economía local.
Las encuestas más recientes muestran una resistencia significativa de la ciudadanía: entre el 68 % y 75 % de los votantes se oponen a la iniciativa, según distintos sondeos.
Si bien el mecanismo democrático suizo permite que una propuesta impulsada por ciudadanos sea sometida a referéndum, no se prevé que la medida prospere: requiere tanto mayoría nacional como respaldo en la mayoría de los 26 cantones.
El debate ha adquirido relevancia más allá de las fronteras de Suiza. Hay quienes lo ven como un punto de inflexión en la fiscalidad global: un intento de que los más ricos aporten más para financiar políticas públicas urgentes, especialmente frente al cambio climático. Pero para otros, la propuesta representa una amenaza a los cimientos económicos y la reputación de Suiza como refugio fiscal.
El próximo 30 de noviembre, Suiza enfrentará uno de los referéndums más simbólicos de su historia reciente: decidir si grava a sus multimillonarios para revertir desigualdades y financiar el futuro climático —o si mantiene su tradición de bajas cargas fiscales para los más ricos.
