El Embajador Permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, ejerció su derecho de palabra ante ese organismo para denunciar los efectos nocivos y globales de estas prácticas, que calificó como “armas de guerra económica” y un ataque sistemático al Derecho al Desarrollo de más de un tercio de la humanidad.
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Medidas coercitivas: un ataque calculado al derecho al desarrollo
El embajador de Venezuela recordó que la fecha coincide con el aniversario de la adopción de la Declaración Universal sobre el Derecho al Desarrollo, lo que refuerza el simbolismo de la lucha contra las sanciones. En su discurso afirmó que las medidas coercitivas unilaterales vulneran derechos fundamentales al bloquear el acceso de los países afectados a financiamiento, tecnología, medicamentos y alimentos, lo que estrangula el desarrollo y paraliza sociedades enteras.
Estas sanciones, que hoy afectan a más de 76 países, siembran “máxima crueldad calculada”, dijo el diplomático venezolano. Explicó que, bajo justificaciones que pueden ser políticas, ideológicas o de cualquier índole, no se puede legitimar el uso de estas herramientas, pues “son tan letales como armas convencionales”.
Impactos humanitarios y económicos: una crisis invisibilizada
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, denunció la ineficacia de las supuestas exenciones humanitarias que, en la práctica, no alivian el sufrimiento de las poblaciones impactadas. Resaltó que el bloqueo y las restricciones afectan cadenas de suministro vitales, reducen la inversión extranjera y desestabilizan la implementación de planes nacionales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Este asalto económico y social no solo erosiona el progreso de las naciones, sino que también desafía los principios del multilateralismo y la cooperación internacional. Moncada instó a visibilizar esta situación en todos los espacios intergubernamentales para evitar que quede relegada en la agenda global.
Llamado urgente a la ONU para coordinar respuesta
Ante la magnitud de los efectos, el embajador venezolano solicitó al Secretario General de la ONU, António Guterres, la designación de un asesor especial dedicado a evaluar el impacto de las medidas coercitivas. Esta figura, dijo el representante de Venezuela, sería imprescindible para coordinar respuestas coherentes en todo el sistema de Naciones Unidas, fortaleciendo la supervisión y acciones en terreno a través de los equipos de país.
La propuesta refleja la grave necesidad de que la comunidad internacional reconozca formalmente las consecuencias humanitarias y socioeconómicas vinculadas a sanciones unilaterales y actúe en defensa de los derechos de los pueblos vulnerados.
Solidaridad con países afectados y llamado a poner fin a la complicidad internacional
En su intervención, Moncada expresó solidaridad con países que enfrentan estas políticas, citando a Bielorrusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue y muchas otras naciones en desarrollo. Estas regiones sufren no solo las sanciones, sino también la inacción o complicidad de algunas instituciones financieras y organismos multilaterales.
Por ello, instó a un levantamiento completo, inmediato e incondicional de todas estas medidas coercitivas unilaterales. Asimismo, hizo un llamado a los estados miembros de la ONU a no reconocer ni dar ningún efecto a estas prácticas ilegales, alertando contra el “sobrecumplimiento” por parte de entidades que podrían colaborar con la imposición o mantenimiento de sanciones.
Defensa del multilateralismo y compromiso global
Finalmente, el embajador Samuel Moncada cerró su discurso reafirmando que la lucha contra las medidas coercitivas es también una defensa de los principios del multilateralismo, la soberanía nacional y el respeto a los derechos humanos universales. Señaló que esta conmemoración internacional representa una oportunidad para renovar la voluntad y determinación de lograr un mundo libre de estas prácticas “crueles e inhumanas”.
Concluyó que solo actuando unidos será posible cumplir la promesa global de “no dejar a nadie atrás” y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos y cada uno de los pueblos del planeta.
