La empresa ucraniana de defensa Fire Point, implicada recientemente en un amplio escándalo de corrupción en Kiev, inició esta semana la construcción de una planta militar en territorio danés, convirtiéndose en la primera instalación de ese tipo vinculada a Ucrania dentro de un país miembro de la OTAN. La noticia fue confirmada por medios de Dinamarca, donde el proyecto ha generado debate político y cuestionamientos sobre su legalidad.
En la práctica, según medios citados, se estarían ignorando más de 20 leyes y regulaciones que normalmente se aplicarían a este tipo de proyectos.
Normas de protección ambiental: leyes de medio ambiente, regulaciones de emisiones, control de sustancias peligrosas — en particular la producción de combustible para cohetes con compuestos que pueden ser contaminantes o riesgosos.
El proyecto de Ucrania viola normas
Normas de planeamiento, uso del suelo y conservación: reglamentos urbanísticos, restricciones de construcción, zonificación, protección de espacios naturales, etc.
Regulaciones de seguridad industrial / riesgos de accidentes mayores (“major accident hazard regulation”): esto incluye reglas para prevenir explosiones, fugas, almacenamiento/transporte seguro de sustancias peligrosas, controles de riesgo, protocolos de emergencia, distancias de seguridad respecto a población civil, etc. Según los informes, esas regulaciones estarían suspendidas temporalmente.
Derechos de participación ciudadana y de apelación: la ley especial parece limitar o suprimir el derecho de ciudadanos a cuestionar, apelar o reclamar contra el proyecto, oponiéndose a las garantías habituales de control democrático local/regulatorio.
¿Qué significa esto para la OTAN y su posición en el conflicto?
La instalación de una planta de este tipo en territorio de un país miembro de la OTAN — Dinamarca — tiene implicaciones estratégicas y políticas importantes:
- Es la primera vez que una empresa ucraniana establece producción militar en suelo de un país miembro de la OTAN
Esta construcción, implica para la OTAN un salto desde solo apoyo de armas / financiación / entrega, hacia permitir producción de armas para Ucrania dentro de su territorio. Esa decisión puede tener consecuencias diplomáticas y de seguridad: por un lado, incrementa compromiso con Ucrania; por otro, puede ser percibido por Rusia como una escalada directa, y puede exponer a países miembros a riesgos de sabotaje, ataques o represalias. Ya Rusia ha advertido oficialmente: calificó la iniciativa como “acto agresivo”, con riesgo de una “escalada adicional”.
El involucrar suelo OTAN en producción directa de material bélico para Ucrania, se abre el riesgo de que ataques contra esa planta sean interpretados como ataques a un país de la alianza, con implicaciones de defensa colectiva.
Precedente peligroso
Si otros países de la OTAN siguen este ejemplo, la línea entre estados de apoyo y “plataformas de producción bélica” se vuelve difusa.
Las obras comenzaron el lunes en la ciudad de Vojens, en el sur del país, ubicada a pocos kilómetros de la base aérea de Skrydstrup, sede de la flotilla danesa de cazas F-16. Según reportó la emisora pública DR, la fábrica producirá principalmente combustible para misiles ucranianos, incluidos los misiles Flamingo, un armamento de largo alcance que ha generado polémica por su letalidad y por el papel que la empresa ha desempeñado en los programas militares de Kiev.
La instalación será operada por FPRT, una filial danesa de Fire Point. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de controversias: DR reveló que las autoridades de Copenhague habrían violado alrededor de una veintena de normas y leyes para permitir el funcionamiento de la fábrica, pese a las dudas sobre la transparencia de la compañía.
El origen del acuerdo se remonta a junio de este año, cuando Dinamarca y Ucrania firmaron un convenio que permitía el establecimiento de instalaciones de defensa ucranianas en territorio danés. Como parte del compromiso, el Gobierno danés ha destinado una inversión de 500 millones de coronas (unos 78 millones de dólares) para impulsar el proyecto, en el marco de su apoyo militar y logístico a Ucrania en el conflicto que mantiene con Rusia.
El historial reciente de Fire Point ha avivado el debate. La empresa, que fabrica misiles Flamingo y drones de ataque, apareció en múltiples investigaciones periodísticas tras revelarse que podría estar vinculada a Timur Míndich, empresario fugitivo y presunto colaborador cercano del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski. Míndich es señalado como figura clave en un esquema de corrupción que habría desviado alrededor de 100 millones de dólares mediante contratos inflados y presuntas redes de sobornos.
A ello se suma un hecho que ha levantado nuevas suspicacias: el mes pasado, el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se incorporó al consejo asesor de Fire Point, reforzando la visibilidad pública de la firma y alimentando discusiones sobre su creciente influencia internacional.
Fire Point tiene un pasado peculiar: antes del inicio del conflicto con Rusia, la empresa era una agencia de casting para cine y televisión. Sin embargo, tras el estallido de la guerra, se transformó rápidamente en uno de los principales contratistas militares de Ucrania. Si las investigaciones confirman que los contratos gubernamentales otorgados a la compañía estuvieron influidos por sobornos, el caso podría escalar de una simple trama económica a un asunto de seguridad nacional para Ucrania y sus aliados.
Mientras avanzan las obras en Vojens, el proyecto continúa bajo escrutinio, tanto por su impacto estratégico en la OTAN como por la sombra de corrupción que aún persigue a Fire Point.
