El Banco Central de Rusia anunció este viernes que presentó una demanda contra el depositario internacional Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú, acusándolo de “acciones ilegales” que habrían causado perjuicios económicos significativos a la institución.
El caso se enmarca en la disputa global por los activos rusos congelados en Europa desde febrero de 2022, cuyo destino ha generado tensiones políticas y legales entre Moscú y la Unión Europea.
En su comunicado, el organismo ruso explicó que la querella responde tanto a la imposibilidad de acceder a fondos propios como al presunto uso directo o indirecto de activos del Banco Central por parte de Euroclear sin autorización.
Estos señalamientos están siendo investigados por la Comisión Europea. “Las acciones del depositario Euroclear han causado perjuicios, al impedir disponer de los fondos y valores que pertenecen al Banco de Rusia”, señaló la oficina de prensa del banco emisor.
Actualmente, Euroclear mantiene en su sistema aproximadamente 185.000 millones de euros (unos 216.000 millones de dólares) pertenecientes al Banco Central ruso. En total, los países occidentales mantienen congelados más de 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos desde el inicio del conflicto en Ucrania.
El fondo del conflicto escaló en septiembre, cuando la Comisión Europea planteó otorgar a Ucrania un “préstamo de reparación” por 140.000 millones de euros, financiado con los activos rusos inmovilizados.
La semana pasada, Bruselas presentó dos mecanismos de financiación plurianual: uno mediante emisión de deuda garantizada por el presupuesto comunitario y otro basado directamente en los activos del Estado ruso retenidos en territorio europeo. La decisión final será tomada por los líderes del bloque este mismo mes.
Sin embargo, no todos en la UE apoyan el plan. Bélgica, sede de Euroclear, ha reiterado su rechazo, alertando de potenciales repercusiones legales. Paralelamente, Rusia insiste en que la congelación y posible confiscación de sus activos viola el derecho internacional.
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El presidente Vladímir Putin calificó la iniciativa como un “robo”, afirmando: “El Gobierno ruso, siguiendo mis instrucciones, está desarrollando un paquete de medidas de represalia en caso de que esto ocurra”. Recalcó además que “todos afirman claramente, sin rodeos, que se trataría de un robo de propiedad ajena”.
Las advertencias no provienen solo de Moscú. Valérie Urbain, directora general de Euroclear, ha expresado abiertamente su preocupación por el impacto del plan de la Comisión Europea sobre la confianza global en los mercados financieros. Según Urbain, “todo lo que parezca una confiscación de activos en realidad atenta contra la inmunidad soberana, un concepto fundamental del derecho internacional”.
La ejecutiva también advirtió del riesgo de una escalada jurídica y económica. “Tememos que haya represalias: represalias legales contra Euroclear, pero también la incautación de los 17.000 millones de euros en activos que tenemos en nombre de nuestros clientes en Rusia. Y también la incautación de activos que no tienen nada que ver con Euroclear, sino que son intereses europeos”, afirmó.
La demanda del Banco Central ruso abre un nuevo capítulo en la batalla legal que definirá si los activos congelados pueden convertirse en herramienta financiera para sostener a Ucrania o si su uso implicaría un precedente de alto riesgo para el sistema económico internacional.
