Hasta Alcatraz llegó una delegación de Congresistas de EE.UU encabezados por Debbie Wasserman Schultz.
“No podemos permitirnos normalizar esto. No podemos mirar hacia otro lado. Esto es una mancha moral para Estados Unidos”, afirmaron después de recorrer el polémico centro de detención para migrantes, construido por la administración Trump y de Ron DeSantis en los Everglades, y lo que vieron los dejó atónitos.
“Esto es un campo de internamiento, y debe cerrarse inmediatamente”, exclamó la congresista Debbie Wasserman Schultz, visiblemente conmocionada tras recorrer las instalaciones de Alcatraz.

Condiciones infrahumanas para migrantes
El centro, apodado por los medios como “Alcatraz alligator”, alberga a cientos de personas detenidas por violaciones migratorias, muchas de las cuales —según los legisladores— viven en condiciones que rayan en la tortura psicológica y física.
“Había 32 personas en una jaula, con literas, tres sanitarios diminutos, y sin privacidad alguna”, relató la congresista en declaraciones. “Tenían que lavarse los dientes y beber agua del mismo lugar donde defecaban. ¡Es inhumano!”.
La visita fue organizada tras semanas de reclamos por el hermetismo del gobierno estatal, que había negado previamente el acceso a legisladores y periodistas. Aunque finalmente se permitió el ingreso, los congresistas denunciaron que todo estuvo “montado”.
“Lo que vimos fue una puesta en escena. Nos mostraron solo las áreas que quisieron”, denunció Wasserman Schultz. “Las fotos no le hacen justicia a lo que realmente está pasando aquí”.
El representante Maxwell Alejandro Frost, también presente en la visita, describió escenas estremecedoras:
“Escuchamos a alguien gritar ‘¡Soy ciudadano estadounidense!’ desde una jaula. Había desesperación. Gritos de libertad. ¿Esto es lo que somos como país?”.
Otros miembros de la delegación también compartieron sus impresiones. La congresista Frederica Wilson aseguró:
“Esto no es América. Esto es lo que hacen los regímenes autoritarios con sus disidentes. Y ahora lo hacemos con migrantes y familias”.
La indignación no se hizo esperar en redes sociales, donde activistas y defensores de derechos humanos compararon las condiciones del centro con cárceles de guerra y criticaron al gobierno de Florida por el secretismo con el que se construyó la instalación, en una zona remota, sin consulta pública ni estudios ambientales.

Pese a las denuncias, el gobernador Ron DeSantis ha defendido la medida, asegurando que es una “solución eficiente” para agilizar deportaciones. En contraste, la congresista Wasserman Schultz ha solicitado formalmente el cierre inmediato del centro y la apertura de una investigación federal.
“No podemos permitirnos normalizar esto. No podemos mirar hacia otro lado. Esto es una mancha moral para Estados Unidos”, concluyó.