Alligator Alcatraz, el centro de detención para migrantes ubicado en la reserva Big Cypress dentro de los Everglades de Florida, enfrenta una creciente tormenta legal, luego de una audiencia inicial presidida este lunes por la jueza federal Kathleen Williams.
El proceso marca el inicio de un caso que podría redefinir los límites de las políticas migratorias, ambientales y judiciales en el estado.
La audiencia, de aproximadamente una hora, se centró en un punto clave: determinar si el litigio debe continuar en el distrito sur de Florida o trasladarse al distrito central, como argumentan las autoridades estatales.
Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, defendió este último planteamiento al afirmar que “todos los centros de detención, todos los edificios y todo el pavimento en cuestión están ubicados en el condado de Collier, no en Miami-Dade”.
Sin embargo, el abogado de los grupos ambientalistas, Paul Schwiep, refutó: “una parte sustancial de los eventos” ocurrió en el condado de Miami-Dade, lo cual justificaría mantener la jurisdicción actual.
Denuncias de abusos y condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz
Más allá del debate legal, las acusaciones de tratos inhumanos contra los detenidos han encendido las alarmas. La demanda colectiva presentada señala irregularidades que incluyen falta de acceso a representación legal, negligencia médica y condiciones insalubres.
El caso de Michell Borrego, detenido tras una entrevista de probatoria, ha causado especial indignación. Su madre, Yaneisy Fernández, denunció que fue sometido a una cirugía de emergencia y devuelto al centro Alligator Alcatraz sin cuidados adecuados: “Lo único que me preocupa es que mi hijo coja una infección y se me muera”, expresó angustiada a los medios.
Otro testimonio revelador es el de Juan Palma Martínez, quien describió desde el interior del centro: “32 personas encerradas en una cerca… los mosquitos, demasiados… no se puede estar de pie… no se puede caminar… es terrible”. Su esposa, Yanet López, denunció además que “está como invisible, como una persona que no está bajo custodia de nadie”, en referencia a la falta de confirmación oficial de ICE sobre su paradero.
La creciente preocupación también ha generado movilización comunitaria. El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, lideró recientemente un rosario frente a las instalaciones del centro, acompañado de feligreses y un grupo de motociclistas católicos, a la espera de obtener autorización para visitar a los detenidos.
Simultáneamente, organizaciones ambientalistas presentaron una demanda adicional alegando que la construcción y operación de Alligator Alcatraz violan leyes estatales y federales de protección ambiental.
Según estimaciones presentadas en corte, el centro estaría albergando hasta 900 personas en apenas tres semanas, lo que, a juicio de los demandantes, representa “una amenaza cruel e inhumana para los humedales ecológicamente sensibles”.
Mientras tanto, el gobernador Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han defendido el centro como un modelo eficiente de detención que apoya la política migratoria nacional. Noem llegó a elogiar públicamente el programa de Florida como ejemplo de expansión a nivel federal.
La próxima audiencia está fijada para el 30 de julio, y el 6 de agosto la jueza Williams evaluará una solicitud para suspender temporalmente las operaciones del centro mientras avanza el litigio.
Con múltiples frentes abiertos —jurídico, humanitario, ambiental y político—, Alligator Alcatraz se ha convertido en el epicentro de una batalla legal que podría marcar un antes y un después en la gestión migratoria de Florida.
