El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente por primera vez este martes tras haber sido absuelto en segunda instancia por la Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que había sido sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.
En un breve mensaje, Uribe arrancó agradeciendo a Dios, a su familia, a sus abogados y a los medios de comunicación que, en su opinión, ayudaron a que su defensa recibiera visibilidad. “Doy gracias a Dios, gracias a mis abogados […], gracias a mi familia por su compañía, a todos.
A mi señora, a tantos profesionales que me ayudaron con sus conceptos jurídicos rigurosos”, afirmó el exmandatario. Asimismo extendió su gratitud a los medios, haciendo alusión de modo especial a la periodista Vicky Dávila y a la revista Semana, por la divulgación de los alegatos de su defensa.
Uribe añadió: “Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso como el abogado Diego Cadena y el magistrado Álvaro Hernán Prada rápidamente puedan superar sus dificultades”.
En el mismo orden de ideas, ofreció una disculpa a la justicia y al ente de control colombiano: “Ofrezco mis excusas a la Justicia y a la Procuraduría por todo el tiempo que les he quitado con este proceso. Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”.
Además, consideró que su compromiso con el país permanece: “Pido a la Providencia energía y tranquilo discernimiento para trabajar por Colombia. Pido a la Providencia que me dé toda la nobleza para luchar por este gran pueblo, del que me siento orgulloso en pertenecer”.
La resolución del Tribunal fue contundente en revocar la sentencia de primera instancia que lo condenaba. Según el magistrado Manuel Antonio Merchán, “la sentencia incurrió en un error”, al tiempo que señaló que existió una “valoración sesgada de prueba”.
El fallo destacó que no existía evidencia suficiente para demostrar la subordinación funcional entre Uribe y su abogado, ni indicios de presión del expresidente para inducir declaraciones.
La decisión ha provocado una fuerte reacción en el ámbito político. Por un lado, simpatizantes del expresidente celebraron la absolución como un triunfo de la justicia. Una de sus aliadas políticas afirmó que “se cae porque fue una condena basada en suposiciones. Nada estimó que Uribe fuera determinador, ni siquiera en esa primera instancia”.
Por otro lado, críticos reclamaron la continuidad del proceso: el senador Iván Cepeda, quien actuaba como querellante, anunció que recurrirá el fallo a la Corte Suprema de Justicia. “Respetamos la decisión de la justicia, pero no la compartimos”, dijo.
Las implicaciones para la escena política colombiana son amplias. Uribe, quien ejerció la Presidencia de 2002 a 2010, era el primer exmandatario en ser condenado penalmente en el país —lo que ocurría tras casi 13 años de investigaciones por vínculos con grupos paramilitares y manipulación de testigos.
Su absolución en segunda instancia abre un nuevo capítulo electoral, en un país convulsionado por debates sobre justicia, impunidad y el papel de la política en el sistema judicial.
Con su declaración, Uribe da por concluida una fase de silenciamiento y reaparece como figura mediática y política. Aunque el camino judicial podría no estar terminado —ya que el recurso de casación podría llevar el caso a la Corte Suprema—, esta decisión renueva su vigencia en la arena pública y señala que el proceso contra él no se resolvió únicamente en los tribunales, sino que tendrá impacto en el tablero electoral de cara a 2026.
EE.UU. Celebra Absolución de Uribe y Cuestiona el Proceso
el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien se congratuló por la supuesta firmeza de las «instituciones judiciales colombianas ante un intento descarado de criminalizar la política». Landau, además, extrapoló el caso para advertir que «el sistema legal puede utilizarse como un arma poderosa para distorsionar el proceso democrático» en países como Colombia, Brasil e, incluso, EE.UU., sugiriendo un paralelismo cuestionable y extendiendo felicitaciones al pueblo colombiano por el supuesto triunfo del «Estado de derecho».
Esta efusiva y rápida reacción de Washington contrasta con la posición del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien criticó la absolución, calificándola de «equivocación». Petro lamentó que el Tribunal Superior de Bogotá haya contradicho a la Corte Suprema de Justicia al considerar como «intimidad» la interceptación que, según él, contenía la voz de Uribe «hablando de sobornos» a un delincuente.
Para el jefe de Estado, la decisión judicial del Tribunal «tapa [oculta] la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia; es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia».
