El régimen de Nayib Bukele en El Salvador ha intensificado su ofensiva contra defensores de derechos humanos y periodistas, evidenciando una doble cara: mientras encarcela a migrantes sin debido proceso, siembra el miedo entre quienes denuncian estas prácticas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado un clima de represión, señalando que el gobierno prepara capturas y operativos policiales contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Según APES, en el último mes se han registrado más de una docena de casos de movilización preventiva y forzada por temor a detenciones arbitrarias.
Un caso emblemático es el de Ruth López, abogada salvadoreña y jefa de la Unidad de Anticorrupción de la organización Cristosal. López, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y por representar a los 252 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador, fue arrestada recientemente bajo acusaciones de peculado relacionadas con su trabajo en el pasado.
Su detención, ejecutada sin informar a su familia o equipo legal, fue condenada por organizaciones nacionales e internacionales como una represalia por su activismo y críticas al gobierno de Bukele.
Estas acciones se enmarcan en un contexto de creciente autoritarismo, donde el régimen de excepción ha facilitado abusos contra la ciudadanía, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes en custodia.
Organizaciones como Cristosal han documentado estas violaciones, señalando que muchas personas detenidas se encuentran en condición de desaparecidas forzosamente.
La situación ha generado preocupación internacional, con llamados a que el gobierno salvadoreño respete los derechos humanos y cese la persecución contra quienes defienden la legalidad y la justicia.
