Estados Unidos ha sido acusado por las Naciones Unidas de infringir el derecho internacional y los derechos humanos mediante la serie de ataques aéreos perpetrados en el Caribe y el Pacífico. Estos ataques, cada vez más comunes en las últimas semanas, han provocado la muerte de más de 60 personas y son cuestionados por su legalidad y justificación, en un contexto de lucha contra el narcotráfico señalado por Washington.
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La ONU condena ataques letales sin marco legal
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, manifestó públicamente que los ataques realizados por las fuerzas armadas estadounidenses en aguas cercanas al Caribe y Pacífico son violatorios del derecho internacional. Según sus declaraciones, estas acciones suman más de 15 ataques, con un saldo fatal de al menos 60 personas muertas. Para la ONU, este tipo de acciones no se enmarcan dentro de un conflicto armado por lo que deben aplicarse las normas internacionales de derechos humanos y no el derecho internacional humanitario que solo se justifica en situaciones bélicas.
Türk enfatizó que los ataques representan ejecuciones extrajudiciales y que Estados Unidos debe cesar de inmediato estos bombardeos. Pidió también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y transparentes para esclarecer estos hechos y que se rinda cuentas por las muertes ocasionadas. Por otro lado, afirmó que el combate al narcotráfico debe darse con métodos policiales como la interceptación y detención de narcotraficantes, no mediante el uso de fuerza letal sin procesos legales.
Contexto y reacción internacional
Los ataques comenzaron en septiembre de 2025, en referencia a lanchas que supuestamente transportaban drogas en aguas internacionales del Caribe y también se extendieron al Pacífico. El gobierno de Estados Unidos alega que estas operaciones son necesarias en la guerra contra las drogas y el terrorismo, defendiendo que su marco es el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, gobiernos de la región como Venezuela y Colombia han condenado el uso de la fuerza letal, calificándolo como ejecuciones extrajudiciales y denuncian un creciente intervencionismo y amenazas militares estadounidenses en la región. El presidente venezolano y el colombiano han denunciado estas agresiones y la ONU ha recibido peticiones para que investigue la situación y medie en el conflicto.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional también han criticado estas acciones. Según esta organización, los ataques son ilegales y deben cesar inmediatamente, ya que se han llevado a cabo sin procesos judiciales y han causado numerosas muertes sin responsables rendir cuentas.
Consecuencias y demandas
Más de 15 ataques sobre embarcaciones en las costas del Caribe y el Pacífico han dejado un saldo letal superior a 60 personas, sin que exista evidencia pública suficiente para vincular a todas ellas con actividades criminales amenazantes para justificar el uso de la fuerza mortal.
La ONU ha reiterado la obligación de Estados Unidos de respetar las normas internacionales y ha instado a suspender estos ataques. Insiste en aplicar métodos policiales legítimos contra el narcotráfico y considera que el uso indiscriminado de la fuerza constituye una grave violación del derecho a la vida y un atropello a los derechos humanos, catalogándolo como ejecuciones extrajudiciales.
Washington debe responder y abrir investigaciones rigurosas, según la ONU, para evitar la impunidad y restablecer el respeto a la legalidad en la región caribeña y pacífica. Esta crisis pone en alerta la estabilidad y las relaciones internacionales en América Latina y el Caribe, con la comunidad internacional observando de cerca el desarrollo de este conflicto y sus posibles repercusiones.
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Esta situación reclama atención global urgente para proteger los derechos humanos y asegurar que la lucha contra el narcotráfico no justifique acciones contrarias a los principios fundamentales del derecho internacional y la dignidad humana.
En resumen, la ONU ha denunciado con firmeza que los ataques aéreos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional y constituyen ejecuciones extrajudiciales, lo que exige el cese inmediato de estas operaciones y la exigencia de responsabilidades por las muertes ocasionadas.
