El Proyecto Justicia Mundial indica que la legalidad de Guyana es baja, según su reporte sobre este indicador a nivel global para el 2025.
Según al informe, el índice de legalidad de Guyana es de 0,50 sobre un total positivo de 1, por lo que se ubica en el lugar 80 de 142 a nivel mundial, es decir, experimentó un detrimento del indicador de 0,1 y descendió dos escaños del conteo global con respecto al 2024. El informe califica este cambio como negativo.
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El marco conceptual para esta investigación se basa en distintos factores, como limitaciones de los poderes gubernamentales, gobierno abierto (entendido como transparencia en la gestión gubernamental y la publicación de información administrativa) ausencia de corrupción, justicia civil, derechos fundamentales, justicia criminal, orden y seguridad, así como cumplimiento apropiado de las regulaciones por parte del gobierno.
Su metodología, además, incluye la realización de cuestionarios a expertos y población civil en cada nación, así como la compilación de datos.
Entre los factores negativos a nivel mundial, definidos en el informe, está la disminución de espacios civiles, el incremento del autoritarismo así como la poca transparencia en procesos administrativos y electorales. También se señala la pérdida de derechos a la asamblea y libertad de expresión.
Para el caso Guyana, los expertos locales que contribuyeron a la investigación fueron Eva Rawana-Scott, también Leslyn Noble de la firma Leslyn Noble and Associates y contribuyentes anónimos.
Guyana y la gobernanza
El gobierno de Guyana protestó esta evaluación emitida en el reporte, cuestionando la veracidad y actualidad de los datos.
“Según sus propias palabras, el informe afirma que «cuanto más fuerte es el estado de derecho, más fuerte es la economía». Guyana, como una de las economías de más rápido crecimiento, es un ejemplo vivo de ello. Por lo tanto, el informe no puede interpretarse como un reflejo real de la realidad de Guyana en 2025, especialmente teniendo en cuenta las reformas institucionales y legislativas en curso en los sectores de la gobernanza y la justicia después de 2022, y sin duda desde 2018”, afirma el gobierno guyanés.
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Guyana ostenta uno de los prospectos económicos más favorables desde el descubrimiento de las reservas petroleras en el Bloque Stabroek, situado en aguas por delimitar con Venezuela. En 2015, ExxonMobil reportó hallazgos de 11.7 billones de barriles de crudo.
Según datos del Banco de Guyana, el Producto Interno Bruto de la nación en 2020 era de 5.5 billones de dólares, en 2021 fue de 8 billones, para 2022 fue de 15.4 billones (para un crecimiento del 62,3%) y en 2023 se ubicó en 16.3 billones de dólares. El prospecto del Fondo Monetario Internacional es de una media del 14 % anual durante los próximos cinco años.
No obstante, este positivo indicador económico no se traduce en mejor gobernanza o cumplimiento de la ley.
El contador y abogado guyanés Christopher Ram ha sido crítico hacia el gobierno de Irfaan Ali, por obstrucción del acceso a la información pública por parte del Comisionado de la Información sobre el Acuerdo de Reparto de la Producción con ExxonMobil en 2016, así como la falta de voluntad gubernamental para proteger a la población y sus intereses ante las compañías petroleras.
Ram ha sido enfático en su denuncia de la falta de una Comisión para el Petróleo que aseguraría la transparencia en el manejo del recurso y sus ganancias, así como la falta de auditorías y control sobre el gasto gubernamental.
Sobre el gobierno y las instituciones policiales del país pesa la falta de información sobre el accidente aéreo ocurrido en diciembre de 2023, donde perdieron la vida cinco oficiales. Por otra parte, pesan las muertes a manos de la brutalidad policial de Keon Fogenay y Ronaldo Peters en abril.
Por otra parte, la muerte en circunstancias sospechosas de la niña Adriana Younge y la dudosa labor policial en el caso también han llevado a desconfianza pública en las instituciones estatales, como lo demostraron las protestas clamando justicia que tomaron las calles de Georgetown, capital del país.
En torno a derechos civiles y la realización de procesos electorales, Guyana ha sido criticado por la falta de transparencia. En su reporte previo a los comicios presidenciales del 1ro de septiembre de 2025, el Centro Carter aludió a la falta de acceso a los medios públicos por parte de la oposición, así como el abuso de los recursos públicos en la campaña del partido gobernante. También hubo denuncias de limitaciones en el desarrollo de su campaña para el partido opositor We Invest in Nationhoood, WIN, liderado por el empresario Azruddin Mohamed.
