El gobierno de Rodrigo Paz confirmó que en los próximos días oficializará el retorno de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) a Bolivia, casi dos décadas después de su expulsión en 2008.
La medida, presentada como parte de una nueva estrategia para recomponer las relaciones con Washington y reforzar la lucha contra el narcotráfico, ha generado una fuerte ola de cuestionamientos internos.
Aunque el Ejecutivo aún no ha divulgado los términos del acuerdo, el anuncio se enmarca en un giro diplomático que incluyó la presencia del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau en la reciente investidura presidencial. Para los críticos, este acercamiento marca un retorno a políticas de subordinación que Bolivia había dejado atrás desde 2006.
El expresidente Evo Morales y sectores cocaleros del Trópico de Cochabamba consideran que la decisión supone un retroceso en términos de soberanía, recordando que la Constitución prohíbe la presencia de fuerzas extranjeras armadas y advierten que el historial de la DEA en el país estuvo marcado por denuncias de injerencia política y persecución selectiva.
Organizaciones sociales sostienen que el regreso de la agencia no resolverá el problema estructural del narcotráfico y podría reactivar tensiones en regiones donde la hoja de coca es parte de la identidad cultural.
