A un mes de las elecciones presidenciales, la exclusión de Evo Morales, la renuncia de Luis Arce y la fragmentación opositora colocan al país en un escenario de alta polarización e incertidumbre política.
Bolivia se adentra en la recta final de su campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 17 de agosto, en medio de una creciente polarización política, tensiones sociales y un panorama incierto marcado por la exclusión del expresidente Evo Morales, la renuncia del actual mandatario Luis Arce y una oposición todavía fragmentada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han descartado la candidatura de Evo Morales, basándose en la Constitución boliviana que limita a dos los mandatos presidenciales. “No se puede desconocer la Carta Magna ni someterla a interpretaciones políticas”, declaró en mayo el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.
La medida fue celebrada por sectores opositores, pero provocó la furia del núcleo más duro del Movimiento al Socialismo (MAS), que denunció una “proscripción política” y convocó a movilizaciones en varias regiones del país.
Los bloqueos de carreteras iniciados a principios de junio por sectores afines a Morales han dejado al menos seis muertos, más de 300 heridos y cientos de detenidos, según datos del Ministerio de Gobierno.
La tensión alcanzó niveles preocupantes cuando manifestantes en el Chapare y en el altiplano chocaron violentamente con efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Morales ha acusado al gobierno de Luis Arce de “haber pactado con la derecha y el imperio para sacarlo del camino electoral”.
El oficialismo también ha sufrido sacudidas. En un movimiento sorpresivo, el presidente Arce anunció en mayo que no se postularía a la reelección, argumentando que su decisión responde a la necesidad de “preservar la unidad del instrumento político” y evitar una derrota segura por la división interna.
Su renuncia fue interpretada como una jugada estratégica para consolidar una candidatura alternativa y contener a Morales. No obstante, la decisión dejó al MAS sin un liderazgo claro.
Divisiones en Bolivia
El candidato oficialista que finalmente recibió el respaldo del aparato estatal es Eduardo Del Castillo, actual ministro de Gobierno y figura cercana a Arce.
Sin embargo, otro bloque del MAS, de orientación sindical y más afín a la línea de Morales, logró que el senador Andrónico Rodríguez sea rehabilitado por el TSE como candidato presidencial. Esta bifurcación dentro del movimiento azul deja entrever un MAS dividido que irá a las urnas con fuerzas enfrentadas.
Rodríguez, inicialmente inhabilitado por el TSE, fue restituido tras una apelación exitosa. “Vamos a continuar esta lucha democrática porque el pueblo necesita una alternativa verdadera y comprometida con los movimientos sociales”, señaló el senador tras conocer la resolución que le permite competir.
Por su parte, la oposición tampoco ha logrado estructurar un bloque único. Pese a múltiples intentos de unificación, entre ellos encuestas internas para medir fortalezas, los liderazgos de Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho (quien permanece detenido), y otros líderes departamentales han decidido seguir adelante con candidaturas propias.
En un acto en Santa Cruz, se escucharon con fuerza los gritos de «Bolivia necesita propuestas, no caudillos».
El TSE confirmó a principios de junio un total de 10 binomios habilitados para la contienda electoral. La proliferación de candidaturas y la falta de alianzas claras en el bloque opositor podrían favorecer al MAS, aunque dividido, en una eventual segunda vuelta.
Mientras tanto, el país atraviesa una situación económica delicada, con escasez de combustibles, inflación que cerró en 7 % en 2024 y problemas de abastecimiento en varios departamentos, exacerbados por los bloqueos. En este contexto, el temor a un estallido social crece, así como las preocupaciones sobre la legitimidad del proceso electoral.
Con un mes por delante y un clima de incertidumbre, Bolivia se enfrenta a una elección crucial que no solo definirá un nuevo presidente, sino también el rumbo de su democracia y la capacidad del sistema político para gestionar las profundas divisiones que hoy sacuden al país.
