El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, aseguró que su país podría tomar medidas a raiz de la imposición de un 50% de aranceles a las importaciones del país suramericano, anunciado por el mandatario estadounidense Donald Trump.
«Podemos apelar a la Organización Mundial del Comercio, proponer investigaciones internacionales, exigir explicaciones. Pero lo principal es la Ley de Reciprocidad, aprobada por el Congreso. Si él nos cobra 50%, nosotros le cobraremos 50%», explicó Lula reseñado por Reuters.
El mandatario brasileño también calificó de falsa la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump sobre que el ajuste arancelario se debe a un déficit comercial con Brasil.
«Las propias estadísticas del gobierno de los Estados Unidos demuestran que ese país ha tenido un superávit en el comercio de bienes y servicios con Brasil, del orden de US$ 410.000 millones en los últimos 15 años«, afirmó Lula, reseñado por la Agencia Pública de noticias EBC.
Además agregó, que «La soberanía, el respeto y la defensa de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo».
Esta ley faculta al Poder Ejecutivo, en coordinación con el sector privado, «adoptar contramedidas en forma de restricción a las importaciones de bienes y servicios o medidas de suspensión de concesiones comerciales, de inversión y de obligaciones relativas a los derechos de propiedad intelectual, así como medidas de suspensión de otras obligaciones previstas en cualquier acuerdo comercial del país».
Medida económica y política
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición, a partir del 1 de agosto de 2025, de un paquete arancelario del 50% a todas las importaciones de Brasil.
Esta medida, que se confunde entre lo económico y lo político, se aplica como una respuesta al juicio que se efectúa contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien enfrenta cargos por abolición violenta del Estado democrático, intento de golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio público.
«El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es competencia exclusiva de la justicia brasileña y, por lo tanto, no está sujeto a injerencias o amenazas que atenten contra la independencia de las instituciones nacionales», puntualizó el mandatario brasileño.
