Masivas protestas estallaron este domingo en varias ciudades de Brasil contra un proyecto de ley aprobado recientemente por la Cámara de Diputados que podría reducir de forma significativa las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, una medida que, según movimientos sociales y sindicatos, beneficiaría directamente al expresidente Jair Bolsonaro. Las movilizaciones se realizaron bajo la consigna “¡Ninguna amnistía a los golpistas!”, en rechazo a lo que consideran un grave retroceso democrático.
La iniciativa, conocida como Ley de Dosimetría, fue aprobada esta semana en la Cámara baja y propone cambios sustanciales en la forma de calcular las condenas por delitos contra el Estado democrático de derecho.
Brasil se moviliza
De acuerdo con sus detractores, el proyecto equivale en la práctica a una amnistía encubierta para quienes participaron o promovieron el intento de golpe contra el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Las manifestaciones se registraron en las principales ciudades del país, entre ellas São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Belo Horizonte. En São Paulo, miles de personas se concentraron en la emblemática Avenida Paulista, mientras que en la capital federal los manifestantes marcharon hacia la sede del Congreso Nacional, epicentro de la controversia legislativa.
Organizaciones sociales de Brasil, centrales sindicales y movimientos populares denunciaron que la aprobación del proyecto constituye un “ataque a la democracia” y advirtieron sobre los riesgos de impunidad.
“Entendemos que se trata de una amnistía y que los crímenes cometidos contra la democracia son muy graves y no pueden ser perdonados, sobre todo porque la impunidad propicia otros intentos de golpe de Estado en el futuro”, afirmó Juliana Donato, integrante del Frente Pueblo Sin Miedo, una de las organizaciones convocantes.
El proyecto de ley modifica el sistema de acumulación de penas por delitos conexos, impidiendo que se sumen condenas por crímenes relacionados. En la práctica, el delito de golpe de Estado, que contempla una pena mayor, absorbería al de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.
Además, la propuesta permite a los condenados progresar a un régimen penitenciario menos restrictivo tras cumplir solo una sexta parte de la pena en régimen cerrado.
Estas modificaciones tendrían un impacto directo en la situación judicial de Jair Bolsonaro, quien fue condenado en septiembre a 27 años de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado contra Lula. En la sentencia, el exmandatario recibió una pena de ocho años y dos meses por el delito de golpe de Estado, y otra de seis años y seis meses por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, entre otros cargos.
De entrar en vigor la Ley de Dosimetría, el nuevo cálculo de las penas podría reducir de manera drástica la condena de Bolsonaro. Según estimaciones citadas por la prensa local, la pena efectiva podría disminuir hasta unos dos años y cuatro meses, lo que ha intensificado la indignación de amplios sectores de la sociedad.
Mientras el proyecto avanza en el trámite legislativo, las protestas reflejan una fuerte polarización política en Brasil y reavivan el debate sobre la rendición de cuentas por los hechos del 8 de enero de 2023.
Para los manifestantes, permitir una reducción de las condenas no solo debilitaría la justicia, sino que enviaría una señal peligrosa sobre la tolerancia institucional frente a los ataques contra el orden democrático.
