En una muestra inusual y provocadora, Donald Trump celebró sus primeros 100 días de su segundo mandato exhibiendo fotos policiales de deportados frente a la Casa Blanca, mientras sus políticas migratorias, caracterizadas por deportaciones masivas y la revocación de visas, desatan una tormenta de críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos y siembran incertidumbre en comunidades migrantes y estudiantiles.
La administración de la Casa Blanca ha intensificado su enfoque en la migración, desmantelando programas humanitarios previos y ejecutando medidas controvertidas. El intento de revocar el estatus legal de más de 500.000 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua -aunque bloqueado judicialmente- y el traslado de migrantes a una cárcel de máxima seguridad de más de 200 venezolanos inocentes en El Salvador, han generado alarma entre organizaciones de derechos humanos.
La cancelación de la aplicación CBP One, que permitía a los migrantes agendar citas para presentar sus casos de asilo, y su reemplazo por un sistema que, según críticos, «los invita a autodeportarse», han sido denunciados por eliminar una vía legal y segura para buscar protección.
La revocación de visas de estudiantes involucrados en protestas propalestinas, incluso de residentes permanentes como Mahmoud Khalil, ha sido criticada por atentar contra la libertad de expresión incluso retirando fondos a universidades acusándolas de «creadoras de comunistas».
100 días de incertidumbre
En esta ocasión, la celebración de los 100 días del gobierno en el poder incluyó la exhibición de carteles con fotos policiales de deportados frente a la Casa Blanca, descritos como «criminales arrestados por agentes de inmigración». La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, compartió un video del evento con el mensaje: «¡Buenos días desde la Casa Blanca!».
Estas acciones y la retórica de la administración han sido condenadas por organizaciones de derechos humanos, quienes advierten sobre la estigmatización de los migrantes y la posible violación de sus derechos fundamentales.
Expertos legales también han cuestionado la legalidad de algunas de estas medidas, anticipando desafíos judiciales. La comparación de la inmigración con una «invasión» y el uso de un lenguaje incendiario han sido señalados como tácticas que podrían justificar la expansión de poderes presidenciales extraordinarios.
Mientras los defensores de estas políticas argumentan que son necesarias para la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes migratorias, la comunidad internacional y diversas organizaciones continúan observando con preocupación el impacto de estas medidas en los derechos humanos y la estabilidad de las comunidades afectadas.
