La política de criminalización de extranjeros en Estados Unidos (EEUU) alcanzó un nuevo nivel con la reciente decisión del jefe de la diplomacia, Marco Rubio, quien confirmó que más de 300 estudiantes extranjeros han visto revocadas sus visas, por participar en protestas a favor de Palestina.
Marco Rubio, durante su visita a Guyana, fue consultado sobre los reportes de cancelación de visas, a lo que respondió sin reservas: «Van quizás más de 300 en este momento. Lo hacemos a diario, cada vez que encuentro a uno de estos lunáticos”. Esta declaración evidencia la postura hostil del gobierno de EEUU frente a la libertad de expresión.
El funcionario justificó la medida afirmando que “todos los países en el mundo tienen derecho a decidir quién entra y quién no”, reforzando así la narrativa de persecución política contra aquellos que expresan opiniones contrarias.
La historia de muchos
El caso más sonado es el de Mahmoud Khalil, líder de las protestas en la Universidad de Columbia en Nueva York, arrestado y trasladado a Luisiana para iniciar su proceso de deportación, pese a ser residente permanente de Estados Unidos.
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Se le preguntó a Rubio sobre un nuevo caso en la Universidad Tufts, Massachusetts, donde agentes de inmigración arrestaron a una estudiante de doctorado turca, Rumeysa Ozturk, quien había escrito un artículo de opinión en un periódico universitario exigiendo que esa institución reconociera un «genocidio» contra los palestinos.
«Si nos dice que la razón por la que viene a Estados Unidos no es solo porque quiere escribir artículos de opinión, sino porque quiere participar en movimientos que se dedican a vandalizar universidades, acosar a estudiantes, tomar edificios y crear alboroto, no le daremos una visa».
MARCO RUBIO, Secretario de Estado de Estados Unidos
«Si miente, obtiene una visa y luego entra a Estados Unidos y con esa visa participa en ese tipo de actividad, le quitaremos la visa», sentenció.
La congresista demócrata Ayanna Pressley, miembro de la Cámara de Representantes por Massachusetts, acusó al gobierno de Trump de «secuestrar a estudiantes con estatus legal».
«Esta es una terrible violación de los derechos constitucionales de Rumeysa al debido proceso y a la libertad de expresión. Debe ser liberada de inmediato», dijo Pressley en un comunicado.
El gobierno de Trump sostiene que la protección constitucional estadounidense a la libertad de expresión no aplica a ciudadanos extranjeros y acusa a estudiantes activistas de crear un ambiente peligroso para los estudiantes judíos.
Mientras EEUU persigue a los migrantes y revoca visas sin pruebas, el discurso oficial intenta justificar estas acciones bajo el pretexto de seguridad nacional.
