Las graves dudas sobre la legalidad y efectividad del hundimiento de un navío supuestamente vinculado al narcotráfico en el Caribe
Un ataque cuestionado y polémico
Recientemente, el gobierno de Estados Unidos protagonizó una controvertida operación militar para hundir un navío en el Caribe que, según la administración estadounidense, “transportaba drogas”. Sin embargo, esta acción ha generado un intenso debate sobre la veracidad de la información usada para justificarla, el costo económico y humano, así como la legalidad de la medida.
Juan Sebastián González, político de origen colombiano nacionalizado estadounidense y exdirector principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden, ha denunciado públicamente estas preocupaciones a través de su cuenta en X.
¿Está realmente justificado este ataque con datos certeros? ¿O se trata, como sostiene González, de un uso cuestionable de información que además implica un gasto exorbitante? A continuación, exponemos las declaraciones del experto que invitan a reflexionar, ordenar y debatir en torno a la lucha contra el narcotráfico y la estrategia estadounidense en el Caribe.
Síguenos en nuestro canal de telegram y mantente informado
¿Se está usando información falsa para justificar una designación terrorista?
Juan Sebastián González plantea una pregunta fundamental: “¿Entonces el gobierno de Estados Unidos está usando información falsa para justificar una designación terrorista y luego gasta al menos 7 millones de dólares por día en el Caribe para que un grupo de portaaviones mate a 11 traficantes en un barco con capacidad máxima para 3 toneladas?”
Esta inquietud pone en cuestión la base misma para que el gobierno norteamericano considere terroristas a ciertos sujetos y utilice tácticas militares tan costosas para neutralizar lo que, en términos prácticos, parece ser un pequeño objetivo —un barco que difícilmente podría transportar grandes cantidades de drogas en comparación con los enormes volúmenes globales.
La denuncia invita a preguntarse si la estrategia es proporcional y fundamentada o si responde a un teatro político con fines distintos a la efectividad real en la lucha contra el narcotráfico.
Legalidad en entredicho: ¿Qué dicen las leyes nacionales e internacionales?
Más allá de la discusión sobre los costos y la precisión de la información, el ataque también se enfrenta a un problema legal grave.
Según González, “Incluso aceptando la estrategia del gobierno de Trump, esta acción es legalmente cuestionable tanto según el derecho estadounidense como el internacional”. Esto refleja preocupaciones acerca de la autoridad que Naciones Unidas y otros organismos reconocen a Estados Unidos para actuar unilateralmente y usando fuerza letal en aguas internacionales del Caribe en contra de presuntos narcotraficantes.
El gobierno estadounidense, a juicio de González, “se atribuye la autoridad para hundir cualquier buque que considere vinculado al narcotráfico en el Caribe. Es un terreno resbaladizo.” Esta práctica podría sentar precedentes peligrosos, donde basados en criterios oficiales pero no necesariamente comprobados de manera transparente, se autoriza la destrucción de embarcaciones en el Mar Caribe.
Riesgo para civiles: las tragedias que pueden desatarse
El riesgo de esta política unilateral y militarizada no es solo legal, sino también humano. González advierte que sin controles rigurosos, Estados Unidos “corre el riesgo de matar a pescadores, migrantes u otros civiles… y tendríamos que confiar en la palabra del Gobierno”.
En este sentido, las Reglas de Enfrentamiento, diseñadas para minimizar daños colaterales y bajas civiles, existen por una razón de peso. “Destruir una embarcación en el mar Caribe sin abordarla ni verificarla abre la puerta a la tragedia”, señala González.
Esta crítica apunta a la falta de procedimientos y protocolos adecuados en este tipo de operaciones militares, que podrían provocar incidentes fatales con consecuencias humanitarias graves.
La Guardia Costera: la herramienta adecuada para la lucha antidrogas en el Caribe
Juan Sebastián González enfatiza que la Guardia Costera de Estados Unidos, no la Armada, es la fuerza diseñada y autorizada para operar en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.
“La Guardia Costera está entrenada, equipada y legalmente autorizada para estas misiones”, afirma el exfuncionario, quien explica cómo su procedimiento operativo estándar es interceptar barcos con apoyo aéreo, deshabilitar las naves cuando sea necesario, arrestar e interrogar a la tripulación, y compartir información para construir casos legales contra las redes superiores.
Este método, basado en la cooperación y el debido proceso, prioriza la seguridad y la legalidad, frente a las acciones militares unilaterales teñidas de riesgo y cuestionamientos legales.
El costo de la estrategia actual: ¿una fortuna desperdiciada?
Por último, González alerta sobre el gasto millonario que implica esta operación de ataque con portaaviones y fuerza militar pesada.
“Combatir el narcotráfico es vital, pero debemos hacerlo de forma legal, responsable y con herramientas diseñadas para ello”, comenta. En contraste, denuncia que “el Gobierno está desperdiciando una fortuna en teatro político que no contribuirá al objetivo de combatir el narcotráfico ni a la destitución de Maduro.”
Esta reflexión apunta a la necesidad de evaluar el costo-beneficio real de estas operaciones y reorientar las tácticas hacia la eficiencia, la legalidad y la cooperación internacional.
Un llamado a la responsabilidad y la transparencia
Las declaraciones de Juan Sebastián González ponen en evidencia las dudas y riesgos existentes en una operación que evidencia tensiones entre combate al narcotráfico, legalidad internacional y respeto a los derechos humanos.
La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la opinión pública deben estar alertas y exigir mayor transparencia, controles estrictos y el uso adecuado de recursos para que la lucha contra el narcotráfico no se convierta en un acto de poder militar sin rendición de cuentas.
En un mundo donde las amenazas complejas requieren respuestas responsables, la acción militar desproporcionada y basada en información cuestionada solo abre espacios para errores irreparables y desconfianza global.
