El gobierno de Colombia ordenó a las fuerzas de seguridad colombianas que suspendan “a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses”, hasta que se detengan los ataques de EE.UU. contra lanchas en el mar Caribe.
La decisión fue anunciada en su cuenta oficial de la red social X, donde el presidente colombiano subrayó que “la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”.
El trasfondo de esta medida es la campaña militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico contra presuntas “narcolanchas”: operaciones que, según Bogotá, han incluido ataques con misiles a pequeñas embarcaciones, y que han dejado decenas de muertos.
La ruptura de este histórico vínculo de cooperación —fundamental durante décadas en la lucha contra el narcotráfico— llega tras informes de que el Reino Unido también suspendió parte de su intercambio de inteligencia con EE.UU., al considerar que dichos ataques podrían constituir violaciones al derecho internacional.
Colombia exige respeto a la soberanía
Para Colombia, la medida representa tanto una protesta como una defensa de su soberanía: “Lo que hacen lanzando misiles en el Caribe contra lancheros pobres… no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”, sostuvo Petro en una cumbre entre líderes latinoamericanos y de la Unión Europea.
Las repercusiones podrían ser profundas. Colombia ha sido tradicionalmente uno de los aliados más importantes de EE.UU. en materia de inteligencia y lucha contra el narcotráfico, facilitando información clave para operaciones regionales. Con esta suspensión, Washington podría ver seriamente mermada su capacidad de operar con datos colombianos.
En tanto, el despliegue militar estadounidense en la zona Caribe ha sido notable: buques de guerra, un submarino, aviones de combate e infantes de marina han sido movilizados, según varios informes recientes.
Petro es señalado por narcotráfico por EE.UU
El ambiente entre ambos países ya estaba tensionado: sanciones impuestas por EE.UU. al gobierno de Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico habían elevado la crisis diplomática. Ahora, la suspensión de cooperación de inteligencia escenifica un quiebre simbólico.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha ofrecido una declaración oficial respecto a la orden colombiana. Para Bogotá, lo central es resguardar los derechos humanos, especialmente de las comunidades caribeñas afectadas por estas operaciones, antes que mantener una alianza de seguridad sin mayores condiciones.
Este episodio marca un antes y un después en la política de seguridad y alianzas de Colombia, y abre interrogantes sobre cómo se desarrollará la cooperación antidrogas en la región en los próximos meses, así como el papel que juegan principios de soberanía y derechos humanos en ese diálogo.
