La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles dos resoluciones impulsadas por legisladores demócratas que buscaban limitar la autoridad del presidente Donald Trump para ejecutar operaciones militares y ataques contra Venezuela, así como contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe.
Las iniciativas pretendían someter cualquier acción armada a la aprobación previa del Congreso, pero fueron bloqueadas por estrechos márgenes de votación.
La primera resolución de El Congreso obtuvo 210 votos a favor y 216 en contra. El texto exigía poner fin a los ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico y obligaba al mandatario a cesar las “hostilidades contra organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental”, salvo que contara con una autorización expresa del Legislativo.
La segunda propuesta, rechazada con 211 votos a favor y 213 en contra, buscaba “la eliminación del uso de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para hostilidades dentro o contra Venezuela” sin aval del Congreso.
El debate de la política de Trump que polariza
El debate en el Congreso se produjo en medio de una escalada de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas. Desde agosto pasado, Washington mantiene desplegadas fuerzas navales y aéreas en el Caribe bajo el argumento de reforzar la lucha antidrogas.
Posteriormente, Trump anunció la denominada ‘operación Lanza del Sur’, cuyo objetivo oficial es “eliminar a los narcoterroristas” del hemisferio occidental y “proteger” a Estados Unidos “de las drogas que están matando” a sus ciudadanos.
Durante las audiencias en el Capitolio, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y otros altos funcionarios de seguridad nacional defendieron la campaña como una iniciativa exitosa contra el narcotráfico, asegurando que ha reducido el flujo de estupefacientes hacia territorio estadounidense.
Sin embargo, evitaron detallar los objetivos finales de estas acciones en relación con Venezuela, lo que generó inquietud entre sectores del Partido Demócrata acerca de las intenciones de Trump.
Las operaciones estadounidenses han incluido bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, con un saldo cercano a 100 personas fallecidas. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes de que las víctimas estuvieran vinculadas al tráfico de drogas.
En una de las acciones más controvertidas, fuerzas militares de EE.UU. asaltaron un buque petrolero en aguas cercanas a Venezuela, un hecho que Caracas calificó como un “acto de piratería internacional”, al considerarlo “criminal e ilegal”.
Trump, además, ha intensificado su retórica contra el Gobierno venezolano. La Administración Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar un supuesto cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa ofrecida por su captura, sin presentar evidencias públicas que sustenten esas afirmaciones.
Desde Caracas, el mandatario sostiene que el verdadero objetivo de EE.UU. es promover un “cambio de régimen” para apropiarse de las vastas reservas petroleras y gasísticas del país.
Diversos organismos internacionales han cuestionado el sustento de la ofensiva estadounidense. Tanto la ONU como la propia Administración para el Control de Drogas (DEA) reconocen que Venezuela no constituye una ruta principal del narcotráfico hacia EE.UU., ya que más del 80 % de las drogas ingresan por la ruta del Pacífico.
Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones de Washington, mientras expertos en derecho internacional califican los ataques a embarcaciones como “ejecuciones sumarias”.
