El caso de la pareja de venezolanos, integrada por Julio César Sánchez Puentes y Luddis Norelia Sánchez García, dio un nuevo giro, tras un fallo de un juez que ordena su liberación.
Se trata del juez federal de distrito, David Briones, en El Paso, Texas, quien emitió el fallo el viernes a favor de bloquear temporalmente las deportaciones de inmigrantes venezolanos bajo una ley estadounidense de tiempos de guerra del siglo XVIII conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros.
Asimismo ordenó la liberación de una pareja acusada de ser miembros de una banda criminal venezolana.
El juez escribió que los abogados del gobierno «no han demostrado tener ninguna base legal» para continuar deteniendo a la pareja por supuesta violación de la ley de enemigo extranjero, reseña AP.
La pareja recibió estatus de protección temporal después de ingresar a Estados Unidos desde México en octubre de 2022.
Sin embargo, fueron notificados de que su estatus terminó el 1 de abril y fueron arrestados el 16 de abril en el aeropuerto de El Paso mientras iban de regreso a su hogar en Washington, D.C., donde viven con sus tres hijos.
Los venezolanos viajaron a Texas para una audiencia previa al juicio el 14 de abril relacionada con procedimientos de deportación.
Cabe destacar que el caso fue pospuesto hasta el 23 de junio, y se permitió a la pareja permanecer libre bajo fianza, según documentos judiciales citados por la agencia.
¿De qué se les acusa?
Los venezolanos son señalados de formar parte del Tren de Aragua, que la administración Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.
El fallo del juez se aplica solo a los inmigrantes venezolanos bajo custodia federal en el distrito judicial del juez.
Una medida que también han adoptado magistrados federales en Colorado, el sur de Texas y Nueva York han emitido fallos similares.
Briones ordenó al gobierno dar un aviso de 21 días antes de intentar remover a alguien en el oeste de Texas, en contraste con las 12 horas que el gobierno sostiene que son suficientes.
Para el juez Briones no hay duda de que el uso «sin precedentes en tiempos de paz del poder de guerra por parte del Poder Ejecutivo ha causado caos e incertidumbre para las peticiones individuales, así como para el Poder Judicial en cómo manejar y evaluar las afirmaciones del Ejecutivo sobre la membresía en el Tren de Aragua, y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros en su conjunto».
