El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, apuntó a la falta de políticas de protección contra la discriminación racial, de origen social, de género y orientación sexual así como étnico-cultural en Guyana, en su reporte emitido por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal en el 49º período de sesiones.
Por la parte Guyanesa, se entregó una compilación de información en febrero de 2025, respondiendo a las sugerencias emitidas por el propio organismo en reportes anteriores y explicando el trabajo del gobierno en torno a los derechos humanos en la nación. El gobierno de Guyana distingue como lo más relevante, el ingreso económico derivado de su gestión petrolera con el consorcio ExxonMobil.
Estas organizaciones elogiaron a Guyana por tomar parte en ocho de los nueve tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, sin embargo, apuntaron como negativo la no adhesión de esa nación caribeña a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. También se recomendó a Guyana que ratificara el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como que ratificara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se señaló además que Guyana es uno de los cinco únicos Estados del Caribe y el único país de América del Sur que no se había adherido a ningún tratado internacional sobre los refugiados.
Entre las instituciones y organizaciones que tomaron parte en este reporte, está la Universidad en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas de la Universidad de Birmingham, el Center for Global Nonkilling que aboga por la erradicación de la pena de muerte y el trato digno a los privados de libertad, así como dos comunicaciones conjuntas que trabajan en favor de las personas refugiadas y en contra de las torturas, desapariciones forzadas y tratos indignos.
Legalidad y derechos
El informe describe una situación alarmante con las tasas de densidad poblacional carcelaria, lo que redunda en pobres condiciones de vida y por ende, en la falta u omisión de sus derechos elementales.
“Las condiciones de las cárceles y otros establecimientos penitenciarios podían poner en peligro la vida, especialmente en las celdas de detención de la policía, debido a las deficientes condiciones sanitarias, la falta de agua potable, las escasas oportunidades de tomar el sol y los actos de violencia entre las personas privadas de libertad” señala el reporte. Además, los expertos explican que existe un 40% de personas en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, lo que ocasiona un hacinamiento que puede resolverse con modificaciones a esta parte del proceso.
El sistema carcelario de Guyana ha sido calificado como plagado de sesgos coloniales por varios expertos, que apuntan a los maltratos y vejaciones que sufren los privados de libertad. Uno de los casos más puntuales fue la muerte de 16 personas encarceladas en 2016 durante un incendio en la prisión en Georgetown. Existen otros reportes de incidentes aislados que resultaron en la muerte de prisioneros y guardias.
El reporte reconoce la existencia de sesgos raciales en tanto la designación de cargos públicos, que se realizan por mecanismos que propician el tráfico de influencias y la conveniencia. Entre estos cargos, están el de Canciller y Tribunal Supremo, actualmente nombrados por el Presidente de conjunto con el líder de la oposición. También apuntó que la asistencia jurídica la ofrecía una consultoría de carácter no gubernamental pero financiada por el gobierno que además, privilegiaba la atención al área costera y urbanizada, dejando sin estos servicios a los asentamientos rurales.
Señala también que “el Gobierno ha distribuido los beneficios de los bienes/servicios públicos y la adjudicación de contratos principalmente a su base de apoyo político, compuesta en su mayoría por guyaneses de ascendencia de las Indias Orientales en detrimento de los guyaneses africanos y que estas medidas habían redundado en el empobrecimiento de estos últimos.”
También la disparidad de género en el acceso a cargos públicos estaba comprendida en el marco legal del país, ya que los partidos políticos estaban obligados por ley a incluir a las mujeres en sus listas de candidatos pero no a asignarles escaños. Por su parte, las personas no heteronormativas (LGTBQI+) tampoco participan proactivamente de la vida política del país.
Discriminación racial, por orientación sexual y género
En cada una de sus partes, el informe dedica un apartado a la discriminación sexual, racial y de género en cada área de vida, por lo que es posible considerarla como un problema transversal en toda esfera social.
De acuerdo al reporte, las mujeres tienen poco acceso a su salud reproductiva y mínimo acceso a medios de control familiar. También las personas LGBTQI+ se autoexcluyen de exámenes de su estado sexual u otras dolencias por miedo a tratos discriminatorios y estigmas.
El informe señala que “las personas LGBT+ seguían siendo víctimas de actos de violencia y que, cuando denunciaban estos incidentes a la policía, esta rara vez investigaba esas denuncias. Señaló que había informes de acoso verbal por parte de agentes de policía contra personas LGBT+ fuera de las comisarías, así como de discriminación y maltrato verbal y físico por la policía contra las personas LGBT+ que llegaban a las comisarías para denunciar delitos.”
También resalta la falta de protección legal para la comunidad, al decir que “Guyana seguía siendo el único país de América del Sur que continuaba penalizando la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo, manteniendo leyes de la época colonial, como los artículos 351, 352, 353 y 354 de la Ley Penal (Delitos), que, aunque no se aplicasen, provocaban estigmatización, discriminación y violencia contra los miembros de la comunidad LGBT+.”
El reporte apunta a los altos índices de violencia hacia la mujer y su permanencia en el imaginario social. Explica que “El 25,4 % de los niños y el 20,2 % de las niñas de entre 15 y 17 años en el país justificaban las golpizas a las esposas” en una encuesta realizada por UNICEF y que “pese a los altos niveles de violencia de género, violencia doméstica y feminicidios en Guyana, no había una recopilación de datos y un intercambio de información rigurosos y continuo.”
En varias ocasiones, además, el pueblo amerindio y sus comunidades han denunciado desatención gubernamental, falta de participación política y la entrega de sus tierras ancestrales a consorcios mineros, aprovechando la falta de demarcación. En tanto discriminación racial, este reporte explica que la concesión de tierras agrícolas, así como otros factores de redistribución de recursos, favorecen a los guyaneses de origen hindú, en franco detrimento de los afro guyaneses.
El reporte se refiere también a las políticas dispares y discriminatorias del gobierno de Irfaan Ali, quien es de origen hindú, y explica que “desde que asumió su mandato en 2020, el Gobierno había expulsado por la fuerza a guyaneses africanos de sus tierras, demoliendo casas, negocios y granjas y enterrando ganado.”
Niños y Niñas
El reporte apunta a la carencia de un sistema legal efectivo en la protección de niños y niñas en el país. En este tópico, abunda: “la tasa de éxito en la persecución penal de casos de abuso sexual de niños sigue siendo alarmantemente baja debido a los retrasos en las causas antes de llegar a juicio, la falta de fiscales con experiencia y la escasez de recursos para las investigaciones policiales.”
Es preciso recordar que aunque en dicho caso no se ha declarado oficialmente que haya existido abusos sexuales, Guyana todavía está inmersa en los procesos del caso de Adrianna Younge, una niña de 11 años que perdió la vida en circunstancias difusas en el Hotel Double Day el 24 de abril. La policía emitió informes deliberadamente incorrectos y la falta de acción en la investigación ocasionó protestas masivas en casi todo el territorio nacional.
También, hace dos años, en mayo de 2023, 19 menores de edad fallecieron en la tragedia de Mahdia, en un colegio para niños de las comunidades rurales, las llamadas Hinterlands.
El informe afirma que en algunas regiones administrativas no había oficiales de protección infantil y en varias de las regiones más pobladas no se contaba con más de cuatro oficiales para una población superior a 1.000.000 familias.
