La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) renovó este lunes la licencia general 40D, que permite la entrega y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) en Venezuela, a pesar del régimen de sanciones vigente.
La medida estará vigente hasta el 5 de septiembre de 2025, pero solo aplica a cargamentos embarcados en buques hasta el 7 de julio de este año.
Autoriza transacciones con PDVSA o con empresas donde esta tenga una participación igual o superior al 50%. Sin embargo, no permite pagos en especie con petróleo ni operaciones con personas o entidades sancionadas fuera de las ya especificadas.
Para el profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de Venezuela, Oswaldo Felizzola, se trata de una renovación automática más que de una decisión política nueva: “Por lo visto esta es una renovación automática, no es una renovación de Trump, sino de las que se hacen automáticamente por parte de la OFAC. Esta es la cuarta vez que la renuevan. Las otras veces no ha hecho gran cosa”.
La licencia fue introducida originalmente durante el mandato de Joe Biden, como parte de una flexibilización con fines humanitarios, destinada a facilitar el acceso al gas doméstico. Sin embargo, en la práctica no ha tenido mayor impacto.
“La idea es que los venezolanos que consumen gas de este tipo puedan tener gas, pero las condiciones que se les pusieron a esas licencias —prácticamente, si se usa la infraestructura de PDVSA no se le puede pagar— han generado que esa licencia no se pueda usar”, agrega Felizzola.
