Desde el 23 de octubre del 2023, Panamá vive intensas protestas desencadenadas a raíz de la aprobación en la Asamblea Nacional panameña, de la Ley 406, que establecía la explotación de la Mina Cobre Panamá, por parte de la firma canadiense First Quantum Minerals, durante al menos 20 años.
Los manifestantes bloquearon las principales vías terrestres de la nación, para reclamar por la derogación de la ley y por el cierre de esta mina, que las comunidades indígenas y ambientales, consideran genera un impacto negativo en el ecosistema.
La fuerte presión social, provocó que el 28 de noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, declarara inconstitucional la Ley 406. Esto no redujo la conflictividad, sino que los panameños se mantuvieron en la calle esta vez para reclamar el cierre definitivo de la mina.
De acuerdo a un artículo de Nueva Sociedad los que protestan denuncian que el con contrato con esta empresa era excesivamente ventajoso para ella, ya que le daba la posibilidad de expropiar terrenos dentro y fuera del área adjudicada, la gestión directa de puertos y aeropuertos, y la posibilidad de operar con un control laxo de parte del Estado, además, el contrato tenía una duración de 20 años prorrogables a otros 20 más.
El país centroamericano enfrenta la mayor crisis política de su historia, tras casi dos años de intensas manifestaciones y bloqueos a las vías de el país. Distintos activistas ambientales han confirmado que la mina se encuentra en un santuario protegido, lo que se ha sumado al malestar por la inacción gubernamental y la impunidad.
