En apenas tres semanas de gestión, la relación entre el presidente Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmand Lara escaló hacia una crisis pública que amenaza la estabilidad del nuevo Gobierno boliviano.
Lara, excapitán policial y vicepresidente nato de la Asamblea Legislativa, declaró en un video difundido que “ya no forma parte” del Ejecutivo, aunque descartó renunciar, y acusó a Paz de favorecer a las élites económicas y “al hombre más rico del país”, el empresario Samuel Doria Medina.
El choque comenzó en campaña y se profundizó tras la creación del Viceministerio de Coordinación Legislativa, que Lara calificó de “inconstitucional” y que, según él, reduce las atribuciones de la Vicepresidencia.
Su crítica pública incluyó denuncias por la supresión de impuestos —que, dijo, benefician a las élites— y el incumplimiento de promesas como el cierre de la aduana y la implantación de un salario universal para la mujer.
La tensión derivó en movilizaciones de apoyo a Lara, la destitución del ministro de Justicia Freddy Vidovic (vinculado a Lara) y la presentación de un proyecto de ley para su posible remoción.
Desde el Palacio, Paz buscó bajar el tono, advirtiendo que prioriza “los problemas grandes del país” y rechazando las peleas personales, pero la crisis dejó a la vista fracturas internas, acusaciones cruzadas y un Ejecutivo aún frágil que deberá negociar rumbo y liderazgos si no quiere profundizar la polarización.
