Tras 25 años de acción en defensa de los derechos humanos, la ONG Cristosal anunció desde Guatemala que suspende todas sus operaciones en El Salvador. La medida responde a una campaña sistemática de hostigamiento por parte del Gobierno de Nayib Bukele: persecución institucional, espionaje, difamación y detenciones arbitrarias.
La detención en mayo de la abogada Ruth López, jefa de su Unidad Anticorrupción, fue el punto de quiebre. Cristosal afirma que López —acusada de “peculado”— fue arrestada bajo cargos fraguados y sin garantías procesales.
El director ejecutivo, Noah Bullock, aseguró que el acoso se amplificó con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a las ONG que reciben fondos internacionales. Bullock afirmó: “Tuvimos que elegir entre la cárcel o el exilio” y calificó el entorno legal como “insostenible”.
Cristosal, que ha documentado al menos 6 400 denuncias de violaciones de derechos humanos desde 2022, incluyendo torturas y muertes bajo el estado de excepción, señala que el Gobierno ha desmantelado las garantías democráticas y restringido la libertad de expresión y protesta.
La organización ya reubicó a casi todo su personal en Honduras y Guatemala, operando ahora desde allí. Solo quedó en El Salvador Ruth López, considerada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional.
La salida de Cristosal ha generado alarma internacional. El relator de la CIDH para la libertad de expresión, Pedro Vaca, declaró su «preocupación» y destacó el valor de la ONG para seguir vigilando la situación. Human Rights Watch también advirtió que su partida reduce la vigilancia sobre detenciones arbitrarias, torturas y falta de debido proceso.
Igualmente, la Fundación Robert F. Kennedy condenó la presión ejercida contra Cristosal, mientras que la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional había sido uno de sus principales financistas —recibiendo unos 4 millones de dólares antes de que cesara su apoyo tras el giro político regional.
El exilio de Cristosal simboliza el cierre de espacios democráticos y derechos civiles en El Salvador. Su labor continuará desde el exterior, pero su partida representa un golpe grave a la defensa de víctimas y sobrevivientes de abusos del régimen de Bukele.
