Una investigación de Responsible Statecraft, reveló como la industria de la guerra de Estados Unidos de América, suma millonarios dividendos a sus arcas con el despliegue militar de ese país en aguas del Mar Caribe, que incluyen costos por adquisición de sistemas de armas, así como contratos de millones de dólares por mantenimientos y servicios.
El periodista y cofundador del Security Policy Reform Institute, Stephen Semler dijo que las cinco principales empresas de defensa consolidadas, entre las que se incluyen Lockheed Martin, Boeing y RTX (antes Raytheon), son las que más se beneficiarán.
RS sugiere que se bien estas empresas se han visto desafiadas recientemente por las compañias emergentes de tecnología de defensa de Silicon Valley, también recibirán un tercio de todos los contratos de armamento militar existentes.
Los productos de Lockheed Martin tienen una presencia destacada en la actual escalada militar. Es el principal contratista del avión de combate F-35, así como del AC-130J Ghostrider, ambos con presencia en esta región.
Lockheed Martin también fabrica los sistemas de combate Aegis para buques de guerra, para los cuales la compañia recibió un contrato de 3.100 millones de dólares este verano. Asimismo, es uno de los principales fabricantes de los misiles Hellfire, que pueden ser utilizados en hipotéticos ataques en la región
A finales de octubre, Lockheed también anunció una inversión de 50 millones de dólares en Saildrone, que desde febrero opera vehículos de superficie no tripulados en el Caribe con fines de vigilancia antinarcóticos.
Los destructores de la clase Arleigh Burke cuestan alrededor de 2.500 millones de dólares cada uno solo para su adquisición. El avión de ataque AC-130J Ghostrider tiene un costo asombroso de 165 millones de dólares por unidad; el P-8 Poseidon, unos 83 millones de dólares por unidad; y el aerodeslizador LCAC (Landing Craft Air Cushion), con el que están equipados algunos de los buques de guerra, cuesta alrededor de 90 millones de dólares cada uno.
Otra de las contratistas, General Atomics se ha beneficiado de un contrato de 14.100 millones de dólares para apoyar la adquisición y el mantenimiento de sus sistemas MQ-9 Reaper a mediados de septiembre, poco después de que comenzara la campaña estadounidense contra presuntos «narcoterrotistas» en la región.
Los drones MQ-9 Reaper, conocidos por su capacidad de ataque y reconocimiento han sido vistos en el Caribe, donde han llevado a cabo la mayoría de los ataques contra las embarcaciones.
Muchos de los buques presentes en el Caribe, principalmente los de la clase Arleigh Burke, el USS Lake Erie y el USS Newport News pueden lanzar misiles Tomahawk y se estima que transportan 115 de ellos. Los destructores que escoltan al grupo de portaaviones Gerald Ford llevan unos 70 más.
Estos misiles, que el Pentágono adquirió a un precio promedio de 1,3 millones de dólares, podrían convertirse en una fuente de ingresos fácil para su fabricante (RTX) si las fuerzas armadas necesitan reabastecerse.
La Armada ya solicita más, y a principios del mes pasado autorizó la compra de 837 misiles Tomahawk de ataque marítimo fabricados por RTX, que cuentan con capacidades adicionales de detección y procesamiento.
“Más allá de los beneficiarios directos, toda la industria armamentística se beneficiará del rearme y la perspectiva de la guerra”, declaró Semler a RS. “Las actividades de lobby se centrarán en la perspectiva de una guerra con Venezuela, lo que, en conjunto, aumentará el presupuesto del Pentágono y, por consiguiente, beneficiará a todos los contratistas militares”.
Aunque ya se han asegurado los contratos de adquisición pertinentes para esos sistemas desplegados, los contratistas pueden beneficiarse de sus costes de mantenimiento y servicios de seguimiento mientras estén en el mar, ya que los costes de sostenimiento representan alrededor del 70% de su coste total a lo largo de su vida útil.
