La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes una reunión en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, para abordar los dos casos que involucran al país ante el tribunal.
Rodríguez informó que entregó formalmente en el expediente Venezuela II un estudio publicado en la revista The Lancet que documenta el impacto de las sanciones coercitivas unilaterales en la salud global.
La investigación, que abarcó 152 países, estima que más de 564 mil personas mueren cada año debido a estas medidas, afectando de forma desproporcionada a menores de 5 años y adultos mayores. Según el informe, la cifra es comparable a la mortalidad anual por conflictos armados.
En el encuentro, la vicepresidenta expresó su preocupación por la lentitud del caso, que lleva más de cinco años en curso, e instó a acelerar las investigaciones.
En cuanto a Venezuela I, Rodríguez reiteró que en el país no se han cometido delitos contemplados en el Estatuto de Roma y ratificó la disposición de trabajar bajo el principio de primacía de la jurisdicción nacional, reforzando mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la CPI.
Niang reafirmó en ese sentido el compromiso de la Fiscalía de proseguir sus investigaciones y evaluar los avances del gobierno venezolano en materia de complementariedad, mecanismo que permite a los Estados asumir su propia jurisdicción siempre que exista una rendición de cuentas genuina a nivel nacional.
