La administración del expresidente Donald Trump enfrenta una grave crisis constitucional y un escándalo internacional por la deportación masiva de venezolanos desde Estados Unidos, en medio de acusaciones de violaciones al debido proceso y resistencia a las órdenes de la Corte Suprema.
Abogados de los detenidos en Texas solicitaron a la Corte Suprema que detenga la deportación inminente de decenas de hombres, quienes fueron clasificados arbitrariamente como miembros de la extinta organización criminal Tren de Aragua, sin que se les haya garantizado la revisión judicial requerida. Esta medida, amparada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —una legislación obsoleta utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial—, ha sido cuestionada por expertos legales y defensores de derechos humanos por su carácter anacrónico y por violar derechos fundamentales.
El juez federal James E. Boasberg ha denunciado públicamente la falta de cumplimiento de la administración Trump con las órdenes judiciales que prohíben las deportaciones mientras se evalúan los casos y ha amenazado con procedimientos por desacato. A pesar de ello, decenas de venezolanos han sido enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador, un centro señalado por organizaciones internacionales por sus condiciones inhumanas y denuncias de tortura, señaló reuters.
La situación ha provocado un choque institucional entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, poniendo en riesgo el equilibrio constitucional estadounidense. La Corte Suprema, en un fallo dividido, permitió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar, pero exigió que se les informe sobre sus derechos y se les permita impugnar su deportación, lo cual la administración no ha respetado plenamente.
Por su parte, el gobierno venezolano ha condenado enérgicamente estas deportaciones, calificándolas de secuestro y denunciando la criminalización de la migración venezolana, mientras hace un llamado a la comunidad internacional y a los países latinoamericanos para que se pronuncien contra esta política que consideran un ataque no solo a Venezuela, sino a toda la región.
Esta crisis migratoria se enmarca en un contexto de políticas restrictivas de la administración Trump, que eliminaron vías legales de protección para venezolanos y otros grupos, dejando a miles en situación de vulnerabilidad y riesgo de deportación hacia cárceles de alta peligrosidad.
