La persecución racista, las detenciones arbitrarias y las deportaciones son parte de la rutina de la Dirección General de Migración (DGM) dominicana.
En la frontera que divide la isla de La Española, miles de haitianos son expulsados cada mes desde República Dominicana en condiciones que organismos internacionales y brigadistas califican como «inhumanas» y violatorias del derecho internacional.
El portal brasileño Brasil de Fato denuncia que las deportaciones se realizan con «refinamientos de crueldad», comparables a prácticas racistas y detención arbitraria vistas en Estados Unidos bajo los gobiernos de Barak Obama, Joe Biden y con énfasis en el actual gobierno de Donald Trump.

Cifras alarmantes: más de 300 mil deportaciones en menos de un año
Según datos de la DGM, entre octubre de 2024 y julio de 2025, más de 300,000 haitianos han sido deportados. Solo en agosto, se registraron 35,276 expulsiones.
La DGM se ha jactado públicamente de mantener un promedio de más de 30,000 deportaciones mensuales, en lo que parece ser una política migratoria de «mano dura» con tintes nacionalistas.
La meta del presidente Luis Abinader es deportar a 10 mil haitianos por semana. Aunque asegura que la migración irregular, no es el principal problema de República Dominicana con Haití, sino la seguridad nacional.
Jaulas, redadas nocturnas y deportaciones sin defensa
El artículo de Brasil de Fato documenta que los migrantes son transportados en vehículos similares a los usados para ganado, encerrados en jaulas metálicas rumbo a la frontera. Las detenciones ocurren en la calle, en hospitales, escuelas, centros de trabajo e incluso en sus hogares durante la madrugada. En muchos casos, los haitianos son deportados sin poder recoger sus pertenencias ni avisar a sus familiares.
“Es como un campo de concentración a cielo abierto”, afirma Augusto Silva, brigadista de la Brigada Dessalines, que acompaña a comunidades haitianas en el terreno.
Violaciones al derecho internacional
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Organización Internacional de las Migraciones advierten que estas prácticas violan principios fundamentales del derecho internacional:
No devolución: Haití atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes, con cientos de bandas armadas controlando territorio. Solo en 2024 se reportaron más de 5,600 muertes por violencia.
Debido proceso: Las deportaciones se realizan sin audiencia, sin defensa legal y sin evaluación individual del riesgo.
Protección de grupos vulnerables: Se han documentado casos de mujeres embarazadas, menores de edad y personas enfermas deportadas sin atención médica ni garantías mínimas.
Nacionalismo y racismo institucional
El gobierno dominicano ha justificado estas medidas como parte de su derecho soberano a controlar la migración. Sin embargo, el discurso oficial ha sido acompañado por una narrativa que demoniza a los haitianos, asociándolos con carga económica y desorden social. Esta retórica ha sido comparada por Brasil de Fato con la política antiinmigrante de Trump, que revocó el estatus de protección temporal a más de 200,000 haitianos en EE.UU.