Diez expresidentes y jefes de gobierno de naciones del Caribe suscribieron una declaración conjunta demandando que se respete la región como Zona de Paz y por la legalidad, en el contexto de alta tensión por el despliegue estadounidense en aguas circundantes a sus países.
En el documento titulado “Nuestro espacio caribeño: una zona de paz en tierra, mar y aire donde prevalece el estado de derecho” los exmandatarios ratifican el Caribe como Zona de Paz en el tiempo, así como los pilares enunciados por los mandatarios actuales en el comunicado emitido el 18 de octubre:
- Reafirmar el Caribe como Zona de Paz
- Reiterar el apoyo inequívoco a la soberanía y la integridad territorial de las naciones de la Comunidad
- Así como respetar un orden mundial en el que prevalezca el derecho internacional y los conflictos o disputas se resuelvan mediante el compromiso diplomático y el diálogo.
Los ex mandatarios de Antigua y Barbuda, Baldwin Spencer; de Belize, Said Musa, Dean Barrow; de Barbados, Freundel Stuart; de Dominica, Edison James; de Grenada, Tilman Thomas; de Guyana, Donald Ramotar; de Jamaica, Bruce Golding; P.J. Patterson y de St. Lucia, Kenny Anthony.
“Nosotros, que anteriormente hemos ocupado el cargo de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (…) nos vemos impulsados a instar a que se reduzca el aumento de la presencia militar para evitar cualquier deterioro de la paz, la estabilidad y el desarrollo en nuestro espacio regional, que podría arrastrar a la región a conflictos que no hemos provocado” reza el documento.
Los exjefes de Estado enuncian además el valor cultural, histórico y económico del Caribe y cómo la paz es un elemento primordial para su sostén.
“Instamos a que se respete este ejercicio de nuestra soberanía colectiva para evitar poner en peligro a nuestros ciudadanos en cualquier fuego cruzado o sufrir daños colaterales y perjuicios económicos” se lee en el texto.
Defender la paz del Caribe
Los ex mandatarios emiten esta declaración conjunta en un contexto particularmente tenso dado el despliegue del grupo anfibio listo y cerca de diez mil marines en aguas territoriales inmediatas a Venezuela, en franca amenaza a la República Bolivariana y la estabilidad regional.
“Desde nuestra independencia, los Estados del Caribe se han abstenido sistemáticamente de permitir el alojamiento de activos militares, que tienen el potencial de arrastrar a la región a conflictos que no son de nuestra propia creación” afirman los expresidentes.
Estados Unidos ha conducido más de 8 ataques cinéticos contra embarcaciones pequeñas que han dejado más de 34 fallecidos en asesinatos que se consideran ejecuciones extrajudiciales. Dos de ellos eran nacionales trinitobaguenses, pescadores.
En torno a este tema, citan el Acuerdo ShipRaider, firmado en julio de 1998 de conjunto con los Estados Unidos, para “garantizar que los traficantes de drogas ilícitas pudieran ser rastreados, perseguidos, registrados y detenidos legalmente sin ejecuciones extrajudiciales y sin la destrucción de lo que pudiera proporcionar pruebas concluyentes de operaciones delictivas. La seguridad y el sustento de la población de la región se ven amenazados por cualquier acto o declaración que ponga en peligro las normas del derecho internacional o socave nuestros derechos territoriales soberanos.”
Por otra parte, Estados Unidos solicitó a Antigua y Barbuda, así como a Granada, el establecimiento de equipos militares y efectivos en sus territorios. Antigua y Barbuda declinó esta petición, mientras, Granada aun pondera esta posibilidad.
“Nosotros y los sucesivos jefes de Estado nos hemos mantenido firmes en nuestro rechazo a la intervención externa para provocar un cambio de régimen. Independientemente de los cambios derivados de los vaivenes del péndulo electoral en nuestra democracia, hemos insistido en que la acción militar en nuestras aguas marítimas debe regirse por el derecho internacional y no negar efectivamente el debido proceso” afirman.
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Varias voces políticas regionales, así como el propio gobierno venezolano y el colombiano, apuntan a que este despliegue tiene por objetivo provocar un cambio de régimen en la República Bolivariana, más allá de su excusa de combatir el narcotráfico.
“Preservar nuestro espacio caribeño como una Zona de Paz establecida es para nosotros un imperativo vital. Nuestra historia compartida y nuestros intereses comunes exigen unidad. Hemos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora” concluye el comunicado.
