El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la implementación de un estado de excepción por 60 días en diez provincias del país, en respuesta a la movilización indígena que comenzó el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
La medida, según el mandatario, autorizada mediante el Decreto Ejecutivo 174, responde a una «grave conmoción interna» que ha afectado la seguridad y el orden público en varias regiones del país.
Las provincias afectadas comprenden Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, y las zonas amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Pastaza.
La decisión permite restringir el derecho a la libertad de reunión y prohíbe aglomeraciones en espacios públicos que puedan promover afectaciones a los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.
Fuerzas de seguridad en acción
El decreto ordena la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para coordinar acciones destinadas a mantener el orden y prevenir la violencia.
La medida también contempla la suspensión de actividades en ciertos servicios públicos y restringe la circulación en medio de protestas de organizaciones campesinas por la eliminación del subsidio del diésel.
Contexto y reclamos
Las protestas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), se han convertido en una de las movilizaciones sociales más profundas del país en años.
La oposición al Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel incrementando su precio de 1.80 a 2.80 dólares, ha movilizado a transportistas, sindicatos y diversos sectores sociales en una resistencia de más de dos semanas que ha causado la paralización de actividades económicas y el cierre de carreteras en varias regiones.
