La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de imponer arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro ha desatado una fuerte confrontación diplomática con Estados Unidos.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense publicó un comunicado en el que denuncia la medida como una violación de los principios democráticos y arremete directamente contra el juez Alexandre de Moraes.
“El juez [del STF, Alexandre de] Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos como violador de derechos humanos, sigue utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia.
Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Que Bolsonaro hable!”, reza el comunicado, replicado también en portugués en redes sociales.
En ese mismo pronunciamiento, Washington advierte que “Estados Unidos condena la orden de Moraes de imponerle arresto domiciliario y exigirá responsabilidades a todos aquellos que colaboren e instiguen conductas sancionadas”.
El juez de Moraes encara la acusación
El magistrado Alexandre de Moraes justificó su decisión alegando que Bolsonaro violó las medidas cautelares impuestas anteriormente, al difundir mensajes en redes sociales a través de las cuentas de sus hijos. Por este motivo, le prohibió recibir visitas no autorizadas y ordenó el allanamiento de su domicilio para incautar todos los celulares.
En respuesta, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, en lo que parece ser una represalia directa. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Moraes en la lista de nacionales especialmente designados (SDN), lo que implica sanciones económicas y bloqueo de activos.
Desde el STF, se ha repudiado lo que consideran una injerencia externa en los asuntos internos de Brasil. Pese a las presiones, el máximo tribunal aseguró que continuará con el juicio contra Bolsonaro, quien enfrenta una solicitud de 43 años de prisión por presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2023, intento de abolición del Estado democrático de derecho y organización criminal.
La tensión entre ambos países marca un nuevo capítulo en el ya complejo panorama judicial y político de Brasil, mientras la figura de Bolsonaro se convierte nuevamente en un punto de fricción entre la justicia interna y la política internacional.
