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Sigue la ofensiva: EEUU cancela parole a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional ordena la salida inmediata de beneficiarios del programa humanitario de Biden, en una medida respaldada por la Corte Suprema y promovida por la administración Trump, que amenaza con detenciones y deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos notificó este jueves a cientos de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su permiso para residir y trabajar en el país ha sido revocado, ordenándoles abandonar el territorio de manera inmediata, según un documento oficial al que tuvo acceso CNN.

Esta medida afecta a más de 530.000 personas que ingresaron legalmente bajo el programa de parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden desde finales de 2022. Dicho programa permitía la entrada temporal y legal de migrantes con patrocinadores en EE.UU. y tras superar rigurosas verificaciones de seguridad, con el objetivo declarado de reducir la migración irregular y ofrecer una vía segura para quienes huyen de crisis políticas y sociales en sus países.

El aviso oficial enviado por correo electrónico a los beneficiarios indica que su estatus ha sido cancelado y advierte que, en caso de no salir voluntariamente, podrían enfrentar medidas coercitivas que incluyen detención y deportación sin posibilidad de trámites personales para una salida ordenada. Además, se ordena la devolución de los permisos de trabajo vinculados al programa al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Leer más: Las protestas contra las redadas migratorias de Trump se extienden por todo EEUU

Esta acción representa el último paso en la ofensiva migratoria iniciada por la administración Trump para revertir políticas de apertura y protección a inmigrantes. Dicha administración había intentado poner fin unilateralmente al programa desde su primer día en el poder, y tras una batalla legal que llegó a la Corte Suprema, esta validó la cancelación del programa, permitiendo acelerar las deportaciones.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, defendió la medida como un retorno a «políticas sensatas» y a un enfoque de «Estados Unidos Primero», acusando a la administración Biden de haber abusado del programa para admitir a cientos de miles de personas sin la debida seguridad pública.

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