El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la presentación del primer individuo en un caso de terrorismo, presuntamente miembro de esta banda criminal venezolana recientemente designada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense y que fue desmantelada en Venezuela.
El acusado de nombre José Enrique Martínez Flores, alias «Chuqui», de 24 años, fue imputado por cinco cargos federales, entre ellos conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista y conspiración para el tráfico de drogas desde Colombia con destino a Estados Unidos.
Martínez Flores, quien según las autoridades es «un alto líder del Tren de Aragua en Bogotá y forma parte del círculo íntimo de sus altos mandos», fue arrestado el pasado 31 de marzo en Colombia, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la justicia estadounidense. Actualmente permanece detenido en ese país a la espera de su extradición.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, calificó el caso:
«Los cargos presentados contra Martínez Flores representan un punto de inflexión en cómo la justicia estadounidense procesará y desmantelará a la banda nacida en una cárcel venezolana».
Bondi, destacó que este caso representa “un punto de inflexión” en la estrategia legal contra el Tren de Aragua, al aplicar por primera vez leyes antiterroristas a una banda criminal latinoamericana. Bondi subrayó que el grupo no es una simple pandilla, sino “una organización terrorista altamente estructurada”.
La acusación ocurre semanas después de que Estados Unidos designara oficialmente al Tren de Aragua como organización terrorista, junto a seis cárteles mexicanos y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). Esta medida permite al gobierno aplicar sanciones legales, económicas y militares a individuos o entidades vinculadas con estas redes criminales.
En febrero de 2025, el gobierno de EE.UU. designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, junto a seis cárteles mexicanos y la Mara Salvatrucha (MS-13), lo que habilita herramientas legales más agresivas.
El estatuto de apoyo material se ha erigido como una herramienta predilecta del Departamento de Justicia para construir casos contra personas que, si bien no ejecutan la violencia, son sospechosas de apuntalar las operaciones de grupos militantes.
Si es declarado culpable, Martínez Flores podría enfrentar cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.
Con información de DW
