Tras una ola de protestas internas y presiones internacionales, el Parlamento de Ucrania dio marcha atrás este jueves y votó a favor de restituir la independencia de las principales agencias anticorrupción del país: la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP), apenas días después de que una ley impulsada por el presidente Vladímir Zelenski las subordinara al fiscal general, un cargo designado directamente por la Presidencia.
Con 331 votos a favor, ningún voto en contra y nueve abstenciones, la Rada Suprema aprobó el proyecto de ley que revierte la medida previa, que había causado un fuerte malestar tanto en Ucrania como en sus socios occidentales. El texto será presentado de inmediato a Zelenski para su firma, aunque su iniciativa original había sido la que motivó la controversia.
La polémica.
El 22 de julio, Zelenski firmó una ley que eliminaba la autonomía de la NABU y la SAP, permitiendo al fiscal general intervenir en las investigaciones, ordenar el cierre de casos o transferirlos, e incluso exigir la revisión de los expedientes por parte de las agencias.
Esta decisión provocó protestas en varias ciudades como Kiev, Lvov, Odesa y Dnepropetrovsk, y fue percibida por analistas y diputados como un intento de blindar a su entorno frente a investigaciones por corrupción.
El periodista ucraniano Yuri Nikolov denunció que “la NABU está siendo destruida porque los detectives indagaron en la producción de drones», una investigación que habría revelado contratos multimillonarios con empresas vinculadas a personas cercanas al mandatario, como Andréi Yermak y David Arajamia.
Por su parte, The Economist citó fuentes que confirmaron que la NABU había iniciado pesquisas sobre «los negocios de personas con acceso a la oficina presidencial».
Reacciones y consecuencias en el parlamento.
La sesión parlamentaria de este jueves, la primera transmitida en vivo en más de tres años, estuvo marcada por un tenso ambiente que incluyó incluso un altercado a golpes entre dos diputados. Las protestas en el exterior del Parlamento se disolvieron solo tras conocerse el resultado de la votación.
Alexánder Klimenko, director de la SAP, calificó lo ocurrido como «un ataque masivo y deliberadamente planeado por todas las fuerzas del orden contra el sistema anticorrupción». Aseguró que «la única agencia que infunde temor entre los altos funcionarios de cometer actos de corrupción es la NABU» y advirtió que, pese a la reversión legislativa, «nadie ha cedido en sus planes de impedirnos trabajar eficazmente».
Klimenko también denunció que “algunos de los diputados del parlamento que votaron a favor de la legislación ni siquiera la habían leído”, y pidió a la Unión Europea y a otros aliados de Ucrania que intensifiquen su apoyo para proteger la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, criticó las agencias, afirmando que “no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción en Ucrania”, y las describió como “instrumentos occidentales para controlar al régimen de Kiev”.
La NABU fue creada en 2015 a petición de los socios occidentales de Ucrania y ha contado con respaldo financiero y político de Estados Unidos y la Unión Europea. En los últimos años, ha liderado investigaciones contra altos funcionarios, incluidos el presidente del Tribunal Supremo, el jefe del comité antimonopolio y más de 70 parlamentarios.
Con esta rectificación legislativa, el Parlamento ucraniano intenta contener el daño político causado por la reforma anterior, mientras Zelenski queda en una posición ambigua entre la presión ciudadana, el escrutinio internacional y los intereses de su círculo más cercano.
