Un duro dolpe para venezolanos, haitianos, nicaragüenses y cubanos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado a favor de la Administración Trump, autorizando la cancelación del programa de «parole» humanitario que ofrecía residencia temporal a aproximadamente medio millón de migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
Esta decisión, con fecha 30 de mayo de 2025, deja a los beneficiarios de este programa expuestos a la deportación y marca un antes y un después en la política migratoria estadounidense.
La medida del Alto Tribunal responde a una solicitud de urgencia presentada por la Administración de Donald Trump, que había ordenado la suspensión del programa el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025, y que el Departamento de Seguridad Nacional hizo efectiva el 25 de marzo.
Aunque el fallo reactiva la suspensión ordenada por el presidente republicano, el caso aún seguirá su curso en los tribunales inferiores, lo que podría abrir nuevas vías de litigio en el futuro.
Jueces progresistas en contra del Parole
La decisión del Supremo ha generado una fuerte controversia, especialmente por el voto en contra de las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor. Ambas advirtieron que la mayoría no había tenido en consideración «las devastadoras consecuencias» que esta medida tendrá en la vida de medio millón de personas que residían legalmente en el país.
Sus argumentos resaltan la preocupación por el impacto humano y social de esta determinación judicial.
El programa de «parole» humanitario fue una iniciativa de la Administración de Joe Biden, diseñada con el objetivo de reducir el número de entradas irregulares en la frontera y ofrecer una vía legal de acogida a migrantes que huían de situaciones críticas en sus países de origen.
Los beneficiarios de este programa debían contar con un patrocinador en Estados Unidos que se hiciera cargo financieramente del recién llegado, y a cambio, se les concedía residencia temporal y acceso a un permiso de trabajo.
Este programa fue ampliado por el Gobierno de Joe Biden a finales de 2022 para los venezolanos, y en enero de 2023 para cubanos, haitianos y nicaragüenses. Su implementación logró reducir significativamente las entradas irregulares de cientos de miles de migrantes que, ante la falta de una reforma migratoria integral por parte del Congreso, habían generado un aumento en los cruces ilegales en la frontera.
La jueza Jackson enfatizó en su pronunciamiento que “las personas en ‘parole’ cuentan con patrocinadores aquí y, en muchos casos, se han integrado en barrios y comunidades estadounidenses con la esperanza de obtener eventualmente un estatus legal a largo plazo (por ejemplo, asilo)”.
Asimismo, alertó sobre el potencial «caos social y económico» que podría generarse si tantos extranjeros son detenidos o expulsados de forma repentina.
Los migrantes beneficiarios del «parole» humanitario huyeron de situaciones de, inestabilidad política y profundas crisis económicas en sus respectivos países. La pérdida de este permiso los coloca en una disyuntiva crítica: regresar a los países de los que escaparon o permanecer en Estados Unidos, exponiéndose a ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias, lo que podría generar un aumento de la población indocumentada en el país.
Las organizaciones de defensa de los migrantes han expresado su rotundo rechazo al fallo del Supremo. Todd Schulte, presidente de la organización FWD.us, calificó la decisión como «la mayor revocación de estatus legal en la historia moderna».
En un comunicado, Schulte declaró que «esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas, y forma parte de un intento más amplio del poder ejecutivo de justificar nuevas medidas represivas contra las familias en todo el país.
El Gobierno no demostró ningún daño remotamente comparable al que se producirá si medio millón de personas pierden sus empleos y se ven sujetas a la deportación”.
Este fallo se suma a una decisión anterior del Supremo, que en este mismo mes ya había autorizado al Gobierno a cancelar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350.000 venezolanos que se encontraban de forma legal en el país. El TPS, a diferencia del «parole», ofrecía residencia temporal a migrantes.
Estas dos decisiones del máximo tribunal, de mayoría conservadora con seis jueces frente a tres progresistas, marcan una tendencia clara en la política migratoria de Estados Unidos, que se orienta hacia la restricción y el endurecimiento de las condiciones para los migrantes. La incertidumbre y la preocupación crecen entre la comunidad migrante, que ahora enfrenta un futuro incierto en suelo estadounidense.
