Se acorta el tiempo para el primer grupo de 350.000 venezolanos que pueden perder el lunes 7 de abril la protección legal de permanecer en Estados Unidos de no llegar a prosperar alguna de las tres demandas interpuestas para revertir la medida de la administración de Donald Trump.
De las tres causas jurídicas, sola una fue a juicio el lunes 24 de marzo en California, encabezada por el juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California, Edward M. Chen, quien no tomó ninguna decisión y se comprometió a ofrecer un veredicto en los “próximos días”.
Esta demanda en California, junto con otras en Massachusetts y Maryland, son intentos de evitar las medidas del gobierno de Trump para poner fin a partes importantes del programa TPS. Esa forma de protección legal, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente George H. W. Bush, se encuentra disponible para los migrantes de determinados países que han sufrido catástrofes nacionales, conflictos armados u otro tipo de inestabilidad extraordinaria.
Los venezolanos han constituido el mayor grupo de titulares de TPS en Estados Unidos, unas 600.000 personas.
Pero los funcionarios del gobierno de Trump sostienen que el programa, que ha durado décadas, ha permitido a algunos migrantes permanecer en Estados Unidos indefinidamente. A lo largo de la campaña presidencial de 2024, el presidente Trump y sus aliados acusaron al gobierno de Biden de ampliar indebidamente la elegibilidad de la protección legal temporal y de otros programas, mientras lidiaba con el gran número de migrantes que llegaban a la frontera sur.
El lunes, se espera que los abogados que representan a los titulares venezolanos del TPS y a la Alianza Nacional del TPS, la organización de defensa, argumenten que el fin repentino del estatus causaría un daño irreparable a las familias. Muchos venezolanos con TPS trabajan como educadores, obreros y cuidadores, afirman, y correrían el riesgo inmediato de ser deportados. En los documentos presentados ante el tribunal, citan los comentarios nativistas de Trump contra los migrantes venezolanos y haitianos durante la campaña y los comentarios de Noem comparando a algunos venezolanos con miembros de bandas y “escoria” como prueba de discriminación.
Los abogados federales afirman que un retraso en el cese de las protecciones esencialmente bloquearía las decisiones del gobierno sobre el TPS en todo el país, algo para lo que el tribunal no tiene autoridad, según su argumento.
También sostienen que la justificación de Noem para no permitir que los recientes titulares venezolanos del TPS permanezcan en el país no se basa en prejuicios raciales, sino en la protección del interés nacional de Estados Unidos. Al igual que el gobierno ha intentado justificar sus vuelos de deportación a El Salvador, Noem ha argumentado que entre los ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera en los últimos años se encuentran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, lo cual ya ha sido desmentido en reiteradas oportunidades por el Gobierno de Venezuela.
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El enfrentamiento se produce en un momento en que la Casa Blanca de Trump ha situado a los migrantes venezolanos y haitianos en el centro de su ofensiva contra la migración.
En las últimas semanas, el presidente ha invocado una rara autoridad de tiempos de guerra de 1798 conocida como Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos a El Salvador sin el debido proceso. Él y los funcionarios de su gobierno han discutido con el juez federal que restringía esos vuelos de deportación, llevando la disputa al borde de una crisis constitucional, y han presionado a Maduro para que empiece a aceptar de nuevo a los deportados de su país.
No es la primera vez que Trump elige como blanco esta forma de protección legal de los migrantes. Durante el primer gobierno de Trump, la Alianza Nacional para el TPS utilizó con éxito argumentos similares para impedir que el gobierno pusiera fin al TPS de más de 400.000 personas.
Recordemos: ¿Qué es el TPS?
El TPS es un estatus migratorio concedido a ciudadanos de determinados países afectados por “conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias”. Ese estatus ofrece protección temporal contra la deportación y un permiso de trabajo.
