El ex primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aclaró que la actual cooperación militar de su país con Estados Unidos es responsabilidad exclusiva de la actual mandataria Kamla Persad Bissessar, y por ningún motivo responde al cumplimiento de un acuerdo firmado durante su gestión política.
“Cualquier miembro del Gobierno que diga eso miente. No hay ningún documento que yo conozca que impida al Gobierno soberano de Trinidad y Tobago decir sí o no a cualquier solicitud procedente de cualquier país si creemos que pone en peligro nuestra soberanía o pone a prueba nuestra vulnerabilidad”, afirmó Rowley.
El actual gobierno de Trinidad y Tobago ha insinuado que la colaboración militar de su administración con EEUU responde al Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, firmado el 10 de diciembre de 2024.
Este documento se encamina a facilitar la interoperabilidad entre las fuerzas armadas de ambos países; el Equipo de Asistencia Técnica sobre el Terreno de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI-TAFT); y el Acuerdo de Adquisición y Servicios Recíprocos (ACSA).
Rowley es señalado de rubricar el texto junto al Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey.
El acuerdo (SOFA, por sus siglas en inglés) en realidad fue redactado en 2007; en 2013 se firmó bajo el primer periodo de Kamla Persad Bissessar y fue enmendado en 2024 por Rowley.
“Si mañana se produce un enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos, y Trinidad y Tobago se ve involucrado en él, ya sea de forma importante o secundaria, será exclusivamente como resultado de las decisiones y medidas tomadas por el Gobierno de Trinidad y Tobago bajo la UNC, bajo el liderazgo de Kamla Persad-Bissessar. Y quiero dejar esto muy claro”, afirmó Rowley.
EEUU instaló la amenaza militar en Trinidad y Tobago
Bajo la actual administración, Estados Unidos llevó hasta Puerto España el buque destructor Gravely, parte del despliegue naval contra Venezuela desde mediados de agosto.
Los actuales ejercicios militares de los marines estadounidenses de conjunto a las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago fueron autorizados y elogiados por la actual mandataria.
Según The New York Times, EEUU ha realizado sobrevuelos en territorio trinitobaguense usando drones MQ9-A Reapers, con maniobras hasta 10 millas de distancia de territorio venezolano.
Estos sobrevuelos solo son posibles bajo la autorización del gobierno.
En agosto, la mandataria ofreció su territorio nacional como base militar estadounidense para una posible invasión a Venezuela.
Nueva administración en Trinidad y Tobago: El trato gasífero Dragón como elemento político
Bajo la administración de la mandataria, desde mayo de 2025, surgieron y se acrecentaron las tensiones desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela. En ese momento, la jefa de Estado declaró “muerto” el trato gasífero Dragón, firmado bajo la administración del partido de Rowley, el Movimiento Nacional del Pueblo, el PNM.
Cuatro meses después, en septiembre, la mandataria declaró que su gobierno había logrado la reanudación del Trato Dragón era un logro de su administración, luego de reunirse en Washington con el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Rowley recalcó la importancia del trato gasífero para su nación, explicando que existen dos fuentes de este recurso: “Uno, el yacimiento Loran Manatee y dos, el yacimiento Dragon, propiedad de Venezuela. Así que esas dos cosas, hicimos lo que hicimos allí, gestionamos nuestros asuntos como gestionamos, obtener gas de esas dos fuentes probadas en el contexto de permanecer en el negocio, era la prioridad número uno del Gobierno para el bienestar económico de este país”.
Caracas denunció que la administración Persad Bissessar presta su territorio a EEUU como parte de la escalada militar que Trump mantiene contra Venezuela.
En respuesta, Venezuela suspendió los acuerdos de colaboración energética entre ambas naciones y declaró a la mandataria “persona non grata”.
La mandataria de Trinidad y Tobago ha dicho que en varias ocasiones ha afirmado que apoya a EEUU en su política de «máxima presión militar» hacia Venezuela, bajo la narrativa sin sustento de combatir el narcotráfico.
