El exparlamentario guyanés David Patterson, afirma que el gobierno de su país “regala” el crudo en aguas por delimitar.
“Aunque el Gobierno celebra la aprobación del séptimo desarrollo, en realidad lo que está haciendo es regalar nuestro patrimonio sin aportar ningún beneficio fiscal adicional al país,” afirma Patterson.
El pasado lunes, el gobierno de Guyana anunció la concesión de una nueva licencia a ExxonMobil para explotar un séptimo yacimiento en el Bloque Stabroek, el yacimiento Hammerhead situado en aguas de la Guayana Esequiba, territorio que Venezuela reclama como suyo.
“Las condiciones que prevalecieron en la aprobación de ese primer FPSO ya no existen; este y todos los demás proyectos futuros deben renegociarse para garantizar mayores beneficios y garantías a los ciudadanos,” afirmó el exparlamentario.
Patterson se refiere al Acuerdo de Reparto de la Producción de 2016, firmado bajo la administración de David A. Granger, que ofrece ventajas notorias al consorcio petrolero. Según sus cláusulas en torno a las ganancias, Exxon recibe el 75% para cubrir los gastos de producción, más el 10,5% en ganancias. El gobierno de Guyana recibe el 12,5% más un 2% en regalías.
Por demás, el artículo 15 de dicho acuerdo establece que Exxon no paga impuestos por sus operaciones pero el gobierno guyanés emite un recibo por las regalías, lo que exime a la compañía del pago de aranceles en Estados Unidos. Siguiendo esta lógica y las proporciones de ganancias, Exxon ha dejado de pagar 10 billones de dólares por concepto arancelario.
“Ellos (Exxon) están obteniendo grandes beneficios. El país está ganando mucho dinero, pero nosotros no lo estamos recibiendo,” afirmó.
El Acuerdo de Reparto de la Producción de 2016 ha sido ampliamente criticado, primero por el entonces opositor y ahora gobernante Partido Progresista del Pueblo, y actualmente por partidos de oposición. Su renegociación ha sido tema de debate en diversos foros e hitos políticos de Guyana, sin embargo, el propio presidente Irfaan Ali al frente del PPP/C ha dicho que mantendrá el acuerdo bajo el principio de “santidad de contratos”. Con esta excusa, seis proyectos se han licenciado bajo la actual administración, todos bajo las mismas premisas ventajosas para Exxon.
El verdadero precio del trato petrolero
Uno de los asuntos más urgentes que enfrenta la República Cooperativa es la falta de reinversión de estas supuestas ganancias petroleras. Por ejemplo, el proyecto de Gas a Energía, en el centro de las promesas de campaña del PPP en 2020, permanece incompleto seis años después. Guyana ha visto ganancias modestas de la industria petrolera, sin embargo, en enero de este año recibió un préstamo por más de 510 millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, agravando la deuda nacional.
Por otra parte, el verdadero precio del boom petrolero es el “divorcio” de Venezuela. Ambas naciones, unidas por tierra, tienen un historial de relaciones cordiales y cooperación. En 2015 y a espaldas de Venezuela, el gobierno de Guyana permitió las labores de exploración sísmica en aguas por delimitar lo que condujo al descubrimiento de reservas de 11,7 billones de barriles de crudo en el Bloque Stabroek, en aguas de la región bajo reclamación, la Guayana Esequiba. Las labores de explotación comenzaron en diciembre de 2019.
Desde ese momento y hasta la actualidad, Guyana se ha aliado a los Estados Unidos en una política hostil contra Venezuela, en el propósito de apoderarse de un recurso por delimitar y que legalmente no le pertenece a la República Cooperativa. Venezuela y Guyana sostenían una política ecuánime en torno a su disputa territorial desde la firma del Acuerdo de Ginebra, en 1966, un documento que supera legalmente el Laudo Arbitral de 1899, probadamente fraudulento.
La relación Guyana-Estados Unidos, con el robo petrolero como nexo, ha erosionado la relación entre naciones vecinas, a pesar del interés de Venezuela por el diálogo y la negociación.
