Se cumple el plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 que autorizaba al Gobierno de los Estados Unidos a desplegar sus fuerzas militares sin la aprobación del Congreso durante un máximo de 60 días, salvo autorización legislativa adicional o declaración formal de guerra.
La vigencia de este plazo se activa cuando el presidente notifica al Congreso de una acción militar en curso o inminente. En este caso, el presidente Donald Trump informó al Congreso el pasado 4 de septiembre acerca de un ataque efectuado el 2 de septiembre contra una presunta lancha que transportaba drogas hacia EE.UU. desde la región del Caribe.
Al cumplirse los 60 días de plazo sin que el Congreso haya declarado la guerra, ni aprobado específicamente el uso continuado de las fuerzas militares, ni haya prorrogado el periodo por ley, las operaciones deben cesar según la normativa.
El texto de la Resolución establece que “el presidente debe comunicar al Congreso dentro de 48 horas” y “las fuerzas armadas no pueden permanecer por más de 60 días, con un periodo adicional de retirada de 30 días, sin autorización del Congreso”.
El plazo expira y Trump no piensa detenerse
Fuentes del Gobierno norteamericano indican que la Casa Blanca considera que las ofensivas contra lanchas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental no constituyen “hostilidades” cubiertas por la Resolución, y por tanto no quedarían sujetas a ese límite legal.
La administración del presidente Donald Trump declaró que su intensificada campaña militar contra presuntos narcotraficantes en Latinoamérica no está sujeta a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, la ley federal que exige la aprobación del Congreso para mantener hostilidades militares más allá de 60 días.
Según una nota de The Washington Post, el argumento se presentó ante legisladores por T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. Afirmó que los ataques, que causaron la muerte de decenas de personas en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, no cumplen con la definición legal de «hostilidades», a pesar de las indicaciones de que el presidente podría estar planeando intensificar esta campaña, incluyendo posibles ataques dentro de Venezuela.
En este contexto, los exabogados del Departamento de Estado, Rebecca Ingber y Jessica Thibodeau, advirtieron en un artículo reciente: “No esperamos que el presidente ponga fin al uso de la fuerza conforme a este requisito”.
Mientras tanto, en Caracas, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció las operaciones como una agresión y señaló que esas acciones plantean dudas sobre su verdadero objetivo político y militar. Rusia también reaccionó críticamente a través de su representante ante la United Nations Security Council, Vasili Nebenzia, calificando las incursiones de EE.UU. como una “campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente”.
El vencimiento del plazo legal abre ahora una batalla política y jurídica sobre hasta qué punto el Ejecutivo puede continuar sus operaciones sin respaldo del Congreso, y si las acciones recientes en el Caribe y el Pacífico Oriental deben detenerse o bien declararse formalmente otro tipo de enfrentamiento militar.
Con esta situación, el papel del Congreso, la interpretación del término “hostilidades” y la supervisión del uso de la fuerza por parte del presidente se colocan nuevamente bajo el foco de la política estadounidense y la ley internacional.
