El gobierno de Guyana exigió a ExxonMobil rendir cuentas cada trimestre sobre su explotación de los proyectos petroleros, ubicados en aguas por delimitar con Venezuela. Esta supervisión más estricta marca un cambio con respecto a la permisibilidad que Guyana otorgaba al gigante petrolero. Esta responsabilidad está contemplada en la Licencia para la Producción Petrolera en el proyecto Hammerhead, otorgada el 22 de septiembre del presente año.
«El titular de la licencia presentará al ministro informes trimestrales sobre los recursos y las reservas del proyecto Hammerhead, en la forma y manera que el ministro indique oportunamente», reza la cláusula contractual que además establece que estos informes deben abarcar todos los productos petrolíferos comercializables —petróleo, gas y líquidos de gas natural— producidos en Hammerhead y deben ajustarse a las normas internacionales establecidas por el Sistema de Gestión de Recursos Petrolíferos (PRMS).
De acuerdo con lo pactado en la Licencia, Exxon debe cooperar plenamente en cualquier auditoría de reservas, concediendo acceso a los datos sobre petróleo a cualquier persona u organismo gubernamental debidamente autorizado por el ministro.
Otro imperativo dicta que tres años después de la primera extracción de petróleo de Hammerhead, la empresa deberá contratar a un consultor independiente que evalúe las reservas y los recursos. ExxonMobil también deberá presentar datos anuales sobre los yacimientos, a partir de los 90 días siguientes a la expedición de la licencia Hammerhead.
ExxonMobil y Guyana ¿Desconfianza?
Hammerhead es uno de los siete proyectos petroleros bajo licencia del gobierno de Guyana en favor de ExxonMobil, de los cuales seis se han firmado por la actual administración del presidente Irfaan Ali.
La administración de David A. Granger firmó el Acuerdo de Reparto de la Producción (PSA) en 2016, luego de que las primeras exploraciones sísmicas revelaran una reserva de 11,7 billones de barriles de crudo. El PSA ha sido fuertemente criticado por las facilidades financieras y operativas que el gobierno de Guyana brinda a ExxonMobil. La petrolera disfruta del 85,5% de las ganancias bajo concepto de recuperación de costos y ganancias netas.
El actual gobierno de Irfaan Ali, crítico del PSA cuando era oposición, ha mantenido intacto el texto legal citando el principio de «santidad de contratos”, a pesar de sus promesas de renegociarlo.
Este cambio en las licencias a proyectos petroleros (que se sustentan en lo establecido en el PSA) constituyen una novedad y pueden estar relacionados con una serie de inconsistencias por parte de ExxonMobil.
Informes de 2021 revelan que grupos ecologistas utilizaron datos satelitales para recopilar pruebas de quema de gas natural no autorizada por parte de la empresa, frente a la costa de Guyana, proveniente del proyecto Liza.
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Recientemente, legisladores y políticos guyaneses levantaron denuncias de que posiblemente ExxonMobil presentó un informe adulterado de sus hallazgos en el Bloque Stabroek, donde supuestamente la reserva de crudo podría ser mayor de lo reportado por la empresa. De ser así, ExxonMobil podría estar robando crudo no declarado y patrimonio por concepto de ganancias.
También en septiembre, un grupo de senadores demócratas estadounidenses envió una carta a ExxonMobil cuestionándola por una posible evasión fiscal, ya que la petrolera no paga a Guyana impuestos, pero recibe un comprobante por pagos de regalías que presenta a Estados Unidos, para supuestamente evitar pagos dobles.
La laxitud legal en torno a las obligaciones y operaciones de Exxon, que ahora repercuten en las relaciones contractuales, mucho tiene que ver con las condiciones en que se firmó el PSA de 2016. Este acuerdo ampliamente ventajoso para Exxon, fue firmado a espaldas de Venezuela, que sostiene con Guyana una controversia por la región de la Guayana Esequiba, en cuyas aguas se encuentra el Bloque Stabroek donde opera Exxon.
La Guayana Esequiba fue arrebatada a Venezuela en el fraudulento Laudo Arbitral de París en 1899. La República Bolivariana, Guyana y Reino Unido (partes involucradas en este litigio) firmaron el Acuerdo de Ginebra en 1966, que establecía las bases para la solución conjunta de la controversia, legitimaba el reclamo venezolano y sobreseía lo estipulado en el Laudo.
Las relaciones en torno a la disputa eran respetuosas hasta que en 2018 Guyana, luego del descubrimiento de las reservas en las aguas por delimitar y la firma del PSA, llevó unilateralmente el caso contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. El PSA, entonces, legalizó el robo de un recurso del pueblo venezolano.
Recientemente, el Ministerio de Recursos Naturales redactó un nuevo PSA para otros yacimientos que se otorgarán a cuatro compañías y admitió que el PSA con Exxon en 2016 era desventajoso para Guyana.
