Se trataría de la primera denuncia formal de las victimas de las agresiones de EE.UU.
La familia del pescador colombiano Alejandro Carranza Medina presentó este martes una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Gobierno del presidente Donald Trump de violar el derecho internacional durante un ataque aéreo que costó la vida al trabajador del mar frente a las costas de Colombia en septiembre.
Se trata de la primera acción legal formal derivada de las letales operaciones militares que Washington ejecuta desde agosto en el Caribe y el Pacífico.
Según el documento entregado a la CIDH, “el 15 de septiembre de 2025, el Ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina”, en el marco de lo que el Pentágono describe como ataques contra “narcolanchas”.
La denuncia sostiene que Estados Unidos violó múltiples disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluyendo el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el reconocimiento de la personalidad jurídica.
La familia pidió ayuda a Petro
El recurso fue presentado por el abogado Dan Kovalik, quien representa al presidente colombiano Gustavo Petro tras ser incluido en la llamada “lista Clinton”. Kovalik explicó que la CIDH, como organismo de la Organización de los Estados Americanos, permite presentar denuncias contra Estados por violaciones a la Declaración Americana.
Para él, los ataques estadounidenses han generado un clima de miedo extremo entre las comunidades costeras. “Están aterrorizando a la gente, esto es terrorismo. La gente tiene miedo de salir a pescar, han sumido a toda la región en un estado de miedo, que es lo que pretenden”, afirmó.
La denuncia de la familia apunta directamente al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, a quien señala como “responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes”.
El documento subraya: “El secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”.
Kovalik aseguró que la acción ante la CIDH es apenas “un buen primer paso” para detener lo que considera una práctica ilegal y sistemática. “Sabemos que esto es político, que todo es un invento, y estamos decidiendo cómo abordarlo, pero lo haremos, lo impugnaremos”, dijo, al referirse al carácter polémico de las operaciones estadounidenses, que suman más de 70 muertos sin prueba de que las embarcaciones atacadas transportaran drogas.
La CIDH expresó su “profunda preocupación” y se solidarizó con la familia por el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos y recordó que la obligación de proteger la vida se extiende incluso a operativos fuera del territorio nacional. Instó además a Washington a “abstenerse de emplear fuerza militar letal en el contexto de operaciones de seguridad pública” y a investigar cada muerte de forma pronta, imparcial y transparente.
La denuncia de la familia se produce en un contexto regional marcado por crecientes tensiones. Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue militar frente a Venezuela como parte de la operación “Lanza del Sur”, presentada oficialmente como una ofensiva contra “narcoterroristas”.
Sin embargo, Venezuela acusa a Washington de buscar un “cambio de régimen”, mientras que organismos internacionales y la DEA descartan que el país sea una ruta principal del narcotráfico hacia Norteamérica. Brasil, México, Rusia, Colombia y el Alto Comisionado de la ONU han condenado los ataques, calificándolos como “ejecuciones sumarias” que violan el derecho internacional.
