Los familiares de dos venezolanos deportados desde Estados Unidos y secuestrados en El Salvador acudieron este martes a la capital salvadoreña para exigir al gobierno de Nayib Bukele una prueba de vida de sus seres queridos.
Jhoanna Sanguino, tía del detenido Widmer Agelvis Sanguino, y Reina Cárdenas, abogada en representación de otro joven identificado como Andy Hernández, viajaron desde Venezuela junto a Walter Márquez, presidente de la fundación El Amparo Internacional.
La delegación denunció que, a casi tres meses de las deportaciones, no han tenido ningún tipo de contacto ni información oficial sobre el estado físico o legal de los venezolanos recluidos.
“Venimos en primer lugar a solicitar un derecho de visita, porque de muchos de ellos se sabe públicamente que Estados Unidos los trajo a El Salvador, pero no hay una fe de vida”, declaró Márquez en rueda de prensa.
Walter Márquez.
Los 252 venezolanos fueron enviados a El Salvador entre marzo y abril bajo un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele. Las autoridades estadounidenses alegan que forman parte del Tren de Aragua, un grupo delictivo extinto y que hasta la fecha EEUU no ha hecho público un solo expediente judicial que comprueve sus supuestos delitos.
Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Cristosal, esta última perseguida por el gobierno de Bukele, han señalado que se trata de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La Corte Suprema salvadoreña recibió en mayo un recurso de hábeas corpus para al menos 30 de los detenidos, sin que hasta ahora haya respuesta.
“Queremos saber si tienen acceso a atención médica, cuál es su situación legal y si hay acusaciones formales. Pero en El Salvador no hay expedientes que los vinculen a un hecho criminal”.
Walter Márquez.
Los familiares denuncian una política de persecución que criminaliza la migración venezolana y exigen al gobierno de Bukele respeto al debido proceso y al derecho fundamental a la vida.
Desde el momento que los venezolanos fueron encerrados en el CECOT, el presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como un “secuestro” y exigió fe de vida, acceso legal y familiar a los reclusos. El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab ordenó a su homólogo salvadoreño remitir datos oficiales de identificación, estatus judicial e informes médicos de los 252 venezolanos, denunciando detenciones arbitrarias y desapariciones.
