La aparición de fentanilo contaminado en Argentina, vinculado sospechosamente a la muerte de cerca de 100 pacientes, se ha convertido en uno de los mayores desastres sanitarios de la historia reciente del país. Este caso no solo expone fallas graves en la producción y distribución farmacéutica, sino también la desprotección estructural de un sistema de salud pública que padece el deterioro y la desregulación.
El incidente comenzó a revelarse en abril, cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó infecciones bacterianas graves en pacientes de terapia intensiva, analizadas luego en ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma. Tras una rápida escalada, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió alertas y suspendió la producción y comercialización del lote afectado. Sin embargo, las cifras reflejan la magnitud del daño: más de 300.000 ampollas contaminadas distribuidas en todo el país, de las cuales alrededor de 45.000 fueron aplicadas a pacientes, señaló france24.
Judicialmente, la situación se agrava con la imputación y detención del empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, junto con varios familiares y directivos. Peritajes oficiales confirmaron el “nexo concausal” entre el consumo del opioide adulterado y la muerte de al menos una docena de pacientes, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la totalidad del daño.
Especialistas en salud pública y medicina han denunciado condiciones laborales precarias en las plantas productoras, falta de bioseguridad, ausencia de controles adecuados, y una trazabilidad insuficiente que demoraron la detección y el retiro del medicamento. Incluso alertas tempranas presentadas en 2023 por profesionales en infectología sobre contaminación bacteriana fueron desatendidas por las autoridades sanitarias, evidenciando mecanismos de vigilancia farmacológica ineficaces y desarticulados.
Esta tragedia se produce en un contexto político marcado por la confrontación entre el gobierno de Javier Milei —que vincula a García Furfaro con el kirchnerismo y denuncia negligencias previas— y la oposición que responsabiliza al oficialismo libertario por el debilitamiento del Estado y la reducción de controles. Mientras tanto, la Justicia exige prudencia para no politizar una crisis que afecta directamente la salud y la vida de la población.
El caso del fentanilo contaminado no solo es un escándalo sanitario sino un llamado urgente a reconstruir y fortalecer las políticas públicas de control, fiscalización y transparencia en la producción de medicamentos, así como a garantizar que la salud sea un derecho protegido por un Estado responsable y comprometido con su pueblo.
