La revelación de un pacto confidencial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, generó un nuevo escándalo político y diplomático.
El documento filtrado confirma que Washington pagó millones de dólares a San Salvador para que aceptara el traslado de migrantes señalados como integrantes de organizaciones criminales, pese a la falta de pruebas.
La investigación fue liderada por Democracy Forward y Robert F. Kennedy Human Rights, que lograron acceder al texto a través de una demanda judicial. Según el documento, la administración Trump desembolsó 4,76 millones de dólares a Bukele con el objetivo de enviar a aproximadamente 300 personas, acusadas de pertenecer al «Tren de Aragua», a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). La estadía mínima fijada era de un año.
La transacción del pacto se concretó mediante el JP Morgan Chase Bank y el Banco Central de Reserva de El Salvador, según consta en el archivo.
Un acuerdo fuera del marco internacional
El texto establece que «el acuerdo mencionado en esta carta no constituye un acuerdo internacional y los derechos u obligaciones derivados del mismo no se rigen por el derecho internacional». Asimismo, cualquier disputa sería resuelta exclusivamente entre la Cancillería salvadoreña y el Departamento de Estado.
Washington, además, se eximió de cualquier responsabilidad: el documento señala que el Gobierno estadounidense no asumirá «responsabilidad alguna por reclamaciones de terceros», incluso en casos de daños derivados de la implementación del acuerdo.
El pacto también imponía restricciones: El Salvador no podía usar los fondos para programas de apoyo a migrantes, solicitantes de asilo o refugiados, ni para servicios relacionados con salud reproductiva y abortos.
Críticas y denuncias
Las organizaciones que revelaron el pacto denunciaron que se trata de una aplicación encubierta de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), usada para acelerar deportaciones sin debido proceso.
«La administración Trump-Vance insistió en que los términos de su acuerdo con El Salvador para facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense se mantuvieran en secreto», declaró Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward.
El grupo también advirtió que no existe ninguna cláusula que obligue a El Salvador a garantizar que los deportados no sufran torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos dentro del Cecot, una cárcel que ha sido criticada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos.
La versión de Bukele
En febrero, Bukele había adelantado parte del entendimiento con Washington, aunque con otra narrativa. El mandatario salvadoreño dijo entonces que su país ofrecía “externalizar parte del sistema penitenciario estadounidense”. Según sus palabras, solo acogerían “criminales convictos (incluidos ciudadanos estadounidenses)” y “a cambio de una tarifa”, sin mencionar la llegada de migrantes deportados.
«Sería relativamente baja para la administración Trump, pero significativa para nuestro gobierno», aseguró en su momento.
Un acuerdo que reaviva tensiones
La filtración ha encendido nuevamente el debate sobre las deportaciones masivas y los derechos humanos. Para sus críticos, el pacto simboliza un intercambio económico por seres humanos, donde las garantías legales quedaron en segundo plano frente a intereses políticos.
Democracy Forward advirtió que, al no existir controles, el acuerdo equivalía a “facilitar la desaparición de personas”.
Con el Cecot ya señalado como una de las cárceles más duras del continente, la noticia añade presión internacional a Bukele y reaviva las acusaciones contra Trump por implementar políticas migratorias en la sombra, amparadas en secretismo y arreglos bilaterales de dudosa legalidad.
