El 3 de abril del 2025, el Ministerio Público del Paraguay dispuso la apertura de una causa penal para investigar el presunto hackeo realizado por la Agencia Brasileña de Inteligencia durante las negociaciones de la nueva tarifa de la central hidroeléctrica de Itaipú Binacional, durante la gestión de gobierno del expresidente Jair Bolsonaro.
La fiscalía paraguaya designó a la fiscal Irma Llano para liderar la investigación sobre las actividades de espionaje que habrían sido desarrolladas por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) contra algunas autoridades paraguayas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil reconoció el intento de espionaje a funcionarios paraguayos sobre las negociaciones del tratado de Itaipú y atribuyó la responsabilidad ex presidente Jair Bolsonaro.
El escándalo del hackeo representa un serio incidente diplomático en las relaciones bilaterales entre los dos países del Mercosur que, como señala el propio comunicado brasileño, mantienen “relaciones históricas y una estrecha asociación”.
Los detalles de la operación de espionaje sugieren que Brasil buscaba obtener ventajas estratégicas en las negociaciones, accediendo a información confidencial sobre la posición paraguaya.
En un comunicado oficial el martes 1 de abril, Paraguay anunció que su embajador en Brasil, Juan Manuel Delgadillo, fue convocado “para consultas inmediatas a fin de que informe sobre aspectos relacionados con actividades de inteligencia en asuntos del gobierno paraguayo”.
Esta admisión del hakeo por parte de Brasil ha intensificado la crisis diplomática, provocando que Paraguay adoptara medidas inmediatas como la suspensión de todas las negociaciones relacionadas con el Anexo C del Tratado de Itaipú.
El anexo C, firmado en 1973, obliga a Paraguay a venderle a Brasil el excedente de su cuota de energía producida en la hidroeléctrica de Itaipú a precios preferenciales.
El año pasado, ambos países acordaron elevar las tarifas pagadas por Brasil para los próximos tres años, que aumentaron en 2,5 dólares, hasta los 19,28 dólares por kilowatio. Este acuerdo debe ser firmado el próximo 30 de mayo, según anunció la Presidencia paraguaya el mes pasado.
Según la publicación del medio brasileño Universo Online (UOL), los ataques informáticos se realizaron desde servidores montados en Chile y Panamá, usando una aplicación llamada Cobalt Strike.
En las declaraciones al medio UOL, por parte del servidor de Abin, señaló “El Cobalt Strike era una herramienta utilizada para el desenvolvimiento de un artefacto de intrusión en las computadoras del gobierno paraguayo para datos relacionados a las negociaciones de Itaipú. El objeto de la operación era la obtención de los valores que serían negociados del Anexo C de los valores de venta de la energía producida por Itaipú”.
Al mismo tiempo señalo el portal UOL, que el ataque informático logró acceder a los computadores de «cinco o seis» funcionarios paraguayos de la Presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y del Senado, todos ellos directamente implicados en las negociaciones de la tarifa de Itaipú.
