El Ministerio Público de Bolivia solicitó este jueves tres meses de detención preventiva para el expresidente Luis Arce (2020-2025), detenido el miércoles en La Paz en el marco de una investigación por presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).
La Fiscalía justificó la medida alegando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, además de la existencia —según afirma— de suficientes indicios de responsabilidad del exmandatario en decisiones que habrían derivado en un desvío irregular de recursos públicos.
Arce imputado
De acuerdo con el documento de imputación citado por el diario boliviano El Deber, la Fiscalía sostiene que Arce habría tenido participación directa en la aprobación de transferencias irregulares durante su etapa como ministro de Economía y Finanzas, antes de asumir la Presidencia en noviembre de 2020.
Según la parte denunciante, estos movimientos indebidos habrían permitido el desembolso de fondos del Fondioc hacia cuentas personales, generando un perjuicio económico estimado en 200 millones de dólares para el Estado.
La solicitud del Ministerio Público incluye que Arce sea trasladado al penal de Qhalauma, en Viacha, provincia de Ingavi, departamento de La Paz, por un periodo inicial de tres meses mientras avanzan las investigaciones.
Tras su detención, el exmandatario fue conducido a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece a la espera de la audiencia de medidas cautelares, cuya fecha y hora todavía no han sido fijadas, según reportó la cadena ATB.
El caso del Fondioc no es nuevo en Bolivia y ha involucrado a distintos funcionarios. Auditorías de la Contraloría General del Estado identificaron presuntos proyectos fantasma y la falta de documentación respaldatoria, dando pie a una serie de investigaciones, detenciones y órdenes judiciales en los últimos años.
En esta nueva fase del caso también fue arrestada la exdiputada Lidia Patty Mullisaca, señalada por su presunta participación en la trama de desvíos.
Las circunstancias del arresto de Arce han avivado el clima político. La primera información sobre su detención fue difundida por su exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien denunció públicamente que el expresidente fue “secuestrado de manera totalmente ilegal” en la zona de Sopocachi, al oeste de La Paz. Prada afirmó que el operativo estuvo plagado de irregularidades y advirtió que podría haber motivaciones políticas detrás del proceso.
El arresto de Arce —quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 tras la salida de Evo Morales del poder— ha generado un fuerte impacto en el escenario político boliviano. Sectores afines al exmandatario denuncian un proceso judicial dirigido y políticamente orientado, mientras que sus detractores señalan que se trata de una investigación necesaria para esclarecer responsabilidades administrativas y penales en uno de los casos de corrupción más polémicos del país.
La detención preventiva dependerá ahora de la decisión judicial en la audiencia cautelar. Hasta entonces, Arce permanece bajo custodia, en un episodio que profundiza la tensión interna en Bolivia y reaviva los debates sobre el uso político del sistema judicial, la transparencia estatal y los costos que el caso Fondioc sigue generando casi una década después de las primeras denuncias.
